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3 de cada 10 mexicanas han vivido violencia en el ámbito escolar, pero el 91% de los casos no se denuncian

En México, 3 de cada 10 mujeres han experimentado al menos un episodio de violencia psicológica, física o sexual en el ámbito escolar. 

Pese a esto, solo el 9% de los casos se denunció ante las autoridades, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Además, en un periodo de cinco años, de 2016 a 2021, las agresiones contra mujeres estudiantes mayores de 15 años crecieron un 7%, al pasar de 25.3% a 32.3%.

Según la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia psicológica y sexual fueron las que registraron un mayor aumento (7%), seguidas de la física (1.6%).

De octubre de 2020 a octubre de 2021, la violencia psicológica se reportó casi en la misma medida en la educación superior y media superior (12.5% y 12.3%, respectivamente), la violencia física principalmente en la educación media superior (6.2%) seguida por la superior (3%), mientras que la prevalencia de la violencia sexual fue mayor en la educación media superior (14.8%) que en la superior (13.5%).

En general, las mujeres son las más afectadas por la violencia en el entorno escolar, por lo que es necesario que los centros educativos reestructuren sus políticas y dinámicas para combatirla, según un análisis realizado por las investigadoras Brenda Medina-Medina y Yessica Ivet Cienfuegos-Martínez.

En el ámbito educativo, “se reproducen roles y estereotipos de género, al igual que las relaciones fundamentadas en estos, una estructura jerárquica que favorece la desigualdad, en la que la supremacía de los hombres y la subordinación de las mujeres persiste”.

Violencia sexual, la más frecuente

Intimidación, acoso, abuso sexual, violaciones o intentos de agresiones son algunas de las formas de violencia que más reportan las mujeres en el ámbito escolar.

La violencia que más prevalece es la de índole sexual: 8 millones 576 mil 430 mujeres estudiantes la han experimentado a lo largo de su vida, de acuerdo con los resultados de la ENDIREH.

De octubre de 2020 al mismo mes de 2021, 947 mil 279 mujeres vivieron violencia sexual, cuando algunas actividades académicas aún permanecían semipresenciales.

Entre ellas, 853 mil 885 reportaron intimidación sexual —miedo a ser atacada o abusada, piropos groseros u ofensivos o insinuaciones a través de redes sociales—, mientras que 86 mil 225 fueron víctimas de acoso u hostigamiento sexual —propuestas sexuales a cambio de beneficios en la escuela o maltratos y castigos por negarse—.

En tanto, 269 mil 234 estudiantes reportaron abuso sexual —exhibición o manoseo de partes íntimas frente a ellas, obligación a mirar escenas pornográficas o sexuales y manoseos, tocamientos, besos o arrimones— y 40 mil 706 señalaron haber sido víctimas de violación (18 mil 554) o intento de violación (30 mil 662). 

Aunque la ENDIREH revela que los principales agresores en el caso de la violencia sexual son los compañeros de clase (48.9%), seguidos de personas desconocidas (20.8%), maestros (12.1%) y compañeras (6.2%), Mariana Gil, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), subraya como particularmente preocupante que el abuso sexual por parte de docentes persista desde la educación básica debido a la falta de atención y protocolos en las escuelas. 

“Es la facilidad que se tiene para cometer estos delitos, y la impunidad, porque hay factores muy importantes que hacen vulnerables a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas: toda la parte administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que no da vista inmediatamente a la Fiscalía; a veces la misma escuela no mueve a los maestros, que es un encubrimiento organizado, donde toda la escuela lo sabe, y el cotidiano, en el que ni siquiera dan vista a la autoridad”, asegura.

En su informe “Es un secreto”, de 2021, la ODI documentó que en varias escuelas, las niñas, niños y adolescentes viven violencia sexual de manera cotidiana y a tal escala que resulta insostenible que se trate de un tema oculto.

Las autoridades escolares omiten denunciar el posible abuso. “La práctica institucionalizada por la SEP de proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento”, sostiene el documento. 

Por otro lado, la violencia entre pares, apunta Gil, está relacionada con la falta de educación sexual en las escuelas.

Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, precisa que si bien hay que distinguir la violencia sexual que ejercen adultos, que es un delito y puede ser organizada –como documentó la ODI–, cuando se trata de pares el desarrollo de procesos de cultura de paz en las escuelas debe contemplar, de manera urgente, educación preventiva en torno al machismo y la construcción de masculinidades positivas para que, primeramente, niñas y adolescentes puedan reconocer la violencia.

Insultos, golpes… y hasta disparos

El maltrato psicológico es el segundo que más viven las mujeres dentro del entorno escolar. En un año, se registraron al menos 830 mil 097 eventos.

Las víctimas señalaron que la degradación es la situación más común, con 721 mil 102 casos. A otras les hicieron comentarios ofensivos acerca de que no deberían estudiar, las han ignorado por el hecho de ser mujeres, o las han ofendido o humillado por motivos de género.

En tanto, 230 mil 972 dijeron haber vivido algún tipo de intimidación, como ser vigiladas o seguidas al salir de la escuela, mientras que 83 mil 788 han experimentado violencia digital con la publicación de información personal, fotos o videos para dañarlas. Los principales agresores fueron compañeros (42.5%), maestros (25.5%) y personas desconocidas (13.1%).

En el caso de la violencia física, 276 mil 979 mujeres dijeron que  las pellizcaron, les jalaron el cabello, las empujaron, abofetearon o les lanzaron algún objeto dentro del entorno escolar; a 70 mil 866 las patearon o golpearon, y 12 mil 187 más fueron agredidas con navajas o armas de fuego.

En este tipo de violencia, los principales perpetradores son los compañeros (47.8%), las compañeras (38.2%) y personas desconocidas (5.4%).

Para Pérez García, es fundamental abordar la violencia escolar entre pares desde un enfoque de derechos humanos, alejarse del modelo punitivo y comenzar a buscar experiencias exitosas, como la de mediadores escolares en España, un modelo en el que los propios estudiantes, de manera voluntaria, se capacitan seis meses en cultura de paz y mediación de conflictos para después asumir el rol de mediadores con estudiantes dos grados menores que ellos.

“Corremos el riesgo de que reconozcamos el hecho del acoso y la violencia escolar, pero nuestra mirada adulta lo lleve precisamente a lo penal, y eso no es sano ni sostenible. Claramente, cuando hay uso de un arma o lesiones que tardan más de 15 días, ni siquiera hay que cuestionarlo, pero hay otras formas de acoso escolar –psicológico, empujones, golpes– que no tienen que llevarse a lo penal porque esto lo único que hace es profundizar el conflicto”, indica Pérez García.

Sin embargo, para el acompañamiento a estudiantes en nuevas pautas de convivencia escolar, la SEP está desbordada porque cuenta con muy poca capacidad instalada para atender temas psicológicos.

A ello se suma la inestabilidad que existe actualmente en los espacios escolares, frente a un cambio de modelo y titular, y una permanente necesidad de renovar las escuelas en México, lo que genera acciones que, aun bien intencionadas, siguen teniendo un sentido de improvisación, falta de arraigo y, en consecuencia, desconocimiento de protocolos.

Por ello, transversalizar un enfoque de paz y no violencia en la currícula escolar no se trata de agregar una materia, sino de hacer una revisión completa de los libros de texto y programas para determinar hasta qué punto se está fomentando una cultura de paz o, en cambio, veladamente se respaldan nociones competitivas, no colaborativas, violentas y no respetuosas. 

Violencia generalizada

Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, señala que la violencia escolar es una expresión más de las violencias que viven los países.

En México, durante 15 años la violencia armada y los delitos de alto impacto se han generalizado, lo que resulta en miles de familias afectadas por la violencia criminal, además de que en el caso de niñas, niños y adolescentes, de cada 100 carpetas de investigación donde son víctimas, solo tres alcanzan sentencia.  

“Los niños y adolescentes que ejercen algún tipo de violencia en la escuela son víctimas que están expresando esa violencia que están viviendo seguramente en casa o en su comunidad, y la están reproduciendo; lo que necesitan es atención, no más castigo”, asegura.

Sin embargo, el Estado mexicano en su conjunto, y particularmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) –lamenta– no tienen una estrategia eficiente para atender el acoso escolar desde los niveles básicos.

Para él, es indispensable recordar que la escuela es solamente un reflejo de lo que sucede en la familia y la comunidad. Desde 2011, indica, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió que los primeros cinco años de la guerra que emprendió el expresidente Felipe Calderón tenían ya un impacto muy negativo en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes no solo en crímenes de alto impacto, sino sobre todo en la violencia familiar y escolar.

Además de solicitar cambiar la estrategia de seguridad, puso énfasis en un bloque de recomendaciones sobre la necesidad de construir cultura de paz en las escuelas. 

Las cifras reflejan claramente una cultura machista que prevalece y que, en el caso de los hombres, tiene un sentido muy fuerte de forzar el ejercicio de los roles tradicionales de género. El activista subraya que las escuelas son las responsables de la violencia que se da en su interior y de atenderla desde la cultura de paz.  

“No funcionan en lo absoluto las medidas punitivas: expulsar a los niños, castigarlos con actividades de servicio o demás es punitivista, no cambia. Tenemos que regresar al principio de que los niños que ejercen violencia son víctimas de violencia; ahí aplica lo que conocemos como justicia restaurativa, que implica reconocer a la víctima, reconocer al agresor –hablo de hombres porque la mayoría lo son–, pero reconocer también a la comunidad como una tríada donde se encuentran soluciones para evitar la repetición de los hechos”, asegura.

Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), indica que los incrementos en la violencia escolar pueden leerse también a partir de la modificación de dinámicas en la pandemia, pues durante el tiempo de confinamiento se registró un aumento de violencias en la familia, así como de violencias sexuales hacia niñas y adolescentes en entornos domésticos, y al volver a las escuelas, empiezan a observarse estas expresiones. 

“Niñas, niños y adolescentes, por una cultura altamente violenta, y altamente adultocéntrica, están en permanente riesgo; me parece un síntoma de cómo esa violencia se puede expresar en uno y otro espacio”, explica la experta.

Las agresiones entre pares, añade, son también síntoma de la violencia instalada en las subjetividades y en las capacidades, o falta de ellas, de relaciones interpersonales entre estudiantes, al salir de un contexto de pandemia donde permanecen factores de estrés y angustia que aún no han tenido tiempo ni cauce de procesamiento, además de los efectos económicos al interior de las familias. 

¿Por qué no se denuncia?

A lo largo de la vida, 13 millones 390 mil 043 mujeres estudiantes de 15 años y más han experimentado violencia física o sexual en el ámbito escolar en México, pero solo un millón 170 mil 481 solicitó apoyo a alguna institución o presentó una denuncia ante alguna autoridad (8.8%).

En cambió, el 91.2% no actuó, la mayoría (43.1%) por considerar que lo ocurrido no tuvo importancia ni le afectó. Otras razones mencionadas fueron que no sabían cómo y dónde denunciar (12.6%), tuvieron miedo a amenazas (12.5%), pensaron que no les iban a creer (12.4%) o les dio vergüenza (12.2%).

Algunas dijeron que se trataba de costumbres (8.7%) o no querían que su familia se enterara (3.4%). El 3.9% desconfía de las autoridades y al 1.1% las convencieron de que no debían denunciar.

Además, el 69.7% de las mujeres estudiantes mencionaron al INEGI que no tienen conocimiento de que existan protocolos en sus centros escolares; sólo el 18.8% sabe cuáles son las instancias y procedimientos de denuncia.

Para Mariana Gil, es fundamental proveer de información a las y los estudiantes acerca de los protocolos desde la educación básica, para que se empoderen y sepan qué hacer, además de modificarlos cuando no sean adecuados, sobre todo para que cuando existe un delito sexual en la escuela, se dé aviso a las autoridades encargadas de investigar y no recaiga solo en la misma institución educativa.

La investigadora Stefanny Daniela Mora Nieto, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que en la educación superior, uno de los principales problemas por el que las mujeres estudiantes no recurren a los protocolos para la atención de la violencia es también la falta de conocimiento. 

En una revisión realizada por Medina-Medina y Cienfuegos-Martínez a los protocolos para prevenir y atender la violencia sexual en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Veracruzana, la UNAM, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Coahuila, se encontró que el 33% no cuenta con una definición puntual sobre hostigamiento o acoso sexual desde el marco legal, lo cual puede ser problemático para interpretar las manifestaciones del delito. 

Además, el 44% de los protocolos no establecen niveles de gravedad entre las distintas violencias de tipo sexual, mientras que el 11% impone un límite de 12 meses para denunciar.

En el 22% de los casos se encontró que las universidades no cuentan con espacios de contención y canalización de las víctimas para su atención psicológica, y en el 44% de ellos no se contemplan procedimientos alternativos de resolución de conflictos.

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