Un año de sombra en Afganistán: silencio, opresión y hambre bajo el gobierno Talibán

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AFP - WAKIL KOHSAR

La llegada de los talibanes al poder el 15 de agosto del 2021 sumió un país que ya arrastra 20 años de conflicto e inestabilidad en un escenario todavía más incierto: entre la represión y el retroceso de los derechos humanos, se extiende la hambruna que afecta a más de la mitad del país.

Silencio para los periodistas y defensores de derechos humanos; opresión para las mujeres y las minorías étnicas; hambre para todos.

Los talibanes entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021 y, un año después, sigue sin cumplirse la promesa que hicieron de implementar un régimen más abierto y respetuoso con los derechos básicos.

La crisis económica y el golpe a las libertades colectivas e individuales profundiza la herida en un país que arrastra 20 años de guerra y que se dirige hacia un futuro incierto.

"Una pesadilla de derechos humanos"

Lo dice Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch (HRW): "El pueblo afgano está viviendo una pesadilla de derechos humanos, víctimas tanto de la crueldad talibán y de la apatía internacional (...) Su futuro parece lúgubre si los gobiernos extranjeros no presionan más a las autoridades talibanes".

Más de 20 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria y viven sin tener comida asegurada, según el Programa Mundial de los Alimentos.

Sin la ayuda económica extranjera de la que tanto dependía Afganistán, el país cuenta con escasos recursos para reactivar la economía y lo sufren las familias: más de un millón de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición prolongada.

Las denuncias de la ONU: detenciones arbitrarias, tortura y violencia

La situación se agrava cuando hablamos de derechos humanos en el país. La misión de la ONU en Afganistán UNAMA reporta relatos escalofriantes del repunte de la violencia, especialmente contra opositores, periodistas y cualquier sospechoso de formar parte de grupos armados.

Desde la llegada de los talibanes al poder hasta junio de 2022, se han registrado al menos 780 muertes de civiles, muchos de ellos a manos del Estado Islámico de Irak y Levante - Khorasán (ISIL-KP), el grupo yihadista terrorista que sigue activo en el país.

Pero además de estos ataques terroristas, la UNAMA denunció a las autoridades por arrestos arbitrarios, torturas y hasta muertes extrajudiciales especialmente dirigidos a funcionarios del antiguo gobierno, simpatizante con Estados Unidos, defensores de derechos humanos y reporteros.

También se han reportado uso excesivo de fuerza en manifestaciones. Además, varias personas han sido víctimas de castigos por "moral" (como por ejemplo, el sexo por fuera del matrimonio).

En general, el uso de espacio público, la libertad de reunión, la libertad de expresión y de opinión se han visto seriamente restringidas. Samiullah Mahdi, un periodista afgano que trabaja ahora para la Iniciativa para el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), hablaba así con amargura: "Ahora solo vemos las cenizas de lo que creamos hace años, después de que los talibanes hayan reprimido con un puño de hierro todos los medios libres".

El retroceso en los derechos de las mujeres

Cuando el gobierno Talibán se hizo con el poder en Afganistán, las instalaciones que servían de Ministerio de la Mujer se convirtieron en la casa del nuevo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Ese hecho simbólico explica bien la realidad para las mujeres y las niñas en el país. Por ahora, las leyes que rigen es que no pueden desplazarse en viajes de más de 78 kilómetros sin un acompañante hombre, no pueden aparecer fuera de la casa sin hijab, en realidad, no deberían dejar el domicilio de no ser estrictamente necesario.

Además, las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria, una de las afrentas más graves a los derechos básicos. En el campo del trabajo, con excepción del campo sanitario y educativo, también se ha recomendado a las mujeres quedarse en casa.

Entre otras cosas, la impunidad y también la crisis económica y humanitaria ha hecho que aumenten los matrimonios infantiles, que, en principio, están prohibidos.