Nuevos archivos revelan que las órdenes secretas de emergencia podrían incluir un enfoque en internet

WASHINGTON — Documentos recientemente revelados han brindado un atisbo de los planes secretos del poder ejecutivo para escenarios apocalípticos —como las secuelas de un ataque nuclear— en los que el presidente podría activar poderes especiales de tiempos de guerra para emergencias de seguridad nacional.

Hasta ahora, el conocimiento público de lo que el gobierno estableció en esas directivas clasificadas, las cuales invocan poderes de emergencia y de tiempos de guerra otorgados por el Congreso o reclamados por los presidentes, se ha limitado a descripciones desclasificadas de las que se desarrollaron a principios de la Guerra Fría. En esa época, incluyeron medidas como la imposición de la ley marcial, la detención de personas consideradas peligrosas y la censura de noticias del extranjero.

No hay certeza sobre qué contienen las directivas modernas —conocidas como los documentos de acción de emergencia presidencial— porque bajo los gobiernos de ambos partidos, ninguna se ha hecho pública ni se ha mostrado al Congreso. Sin embargo, los documentos, que se dieron a conocer hace poco y están relacionados con la estrategia del gobierno de George W. Bush de revisar el proyecto de decreto tras los ataques del 11 de septiembre, ofrecen algunas pistas.

Varios de los archivos, que fueron proporcionados a The New York Times por el Centro Brennan para la Justicia, muestran que el esfuerzo del gobierno de Bush se centró en parte en una ley que le permite al presidente tomar el control o cortar las redes de comunicación en tiempos de guerra. Eso sugiere que el gobierno podría haber desarrollado o revisado esa orden tras el crecimiento explosivo del consumo de internet en la década de 1990.

Para reafirmar lo poco que pueden deducir al respecto los legisladores y el público, otro archivo, del verano de 2008, menciona que un grupo de abogados del Departamento de Justicia estaba revisando un proyecto de decreto no identificado debido a una opinión reciente de la Corte Suprema. El informe no especifica el fallo en cuestión, pero la corte acababa de emitir decisiones históricas sobre temas que podrían estar relacionados con las acciones gubernamentales en una emergencia: una sobre el derecho a portar armas en Estados Unidos y otra sobre los derechos que tienen los detenidos de Guantánamo a audiencias judiciales.

“La conclusión es que estos documentos no dejan dudas de que los documentos de acciones de emergencia posteriores a los eventos del 11 de septiembre tienen implicaciones directas y significativas en las libertades civiles de los estadounidenses”, dijo Elizabeth Goitein del Centro Brennan para la Justicia en la Universidad de Nueva York. “Sin embargo, no hay supervisión por parte del Congreso. Eso es inaceptable”.

Aunque no está claro cómo han evolucionado las directivas desde las últimas etapas de la Guerra Fría, Goitein afirmó que lo más probable es que se hayan ampliado para incluir otros escenarios más allá de un devastador ataque nuclear. Los documentos muestran que las versiones posteriores se extendieron de una sola categoría a siete, aunque sus tópicos siguen siendo secretos y caen dentro de la jurisdicción de agencias con diferentes áreas de enfoque.

Los documentos recientemente revelados muestran que 48 de las directivas ya existían cuando Bush entró en funciones; para 2008, ese número había aumentado a 56. El despacho del vicepresidente Dick Cheney participó en la revisión y “autorización” de las órdenes. Los documentos no indican ninguna consulta con el Congreso.

Varios funcionarios del gobierno de Bush cuyos nombres fueron mencionados en los documentos, quienes hablaron desde el anonimato para poder revelar asuntos que siguen siendo clasificados, describieron el esfuerzo como una “buena gestión” burocrática. Tras los ataques del 11 de septiembre, parecía prudente que el gobierno reorientara su enfoque a la seguridad nacional, afirmaron.

El Centro Brennan para la Justicia, que ha recopilado materiales sobre los documentos de acción de emergencia presidencial, obtuvo los archivos de la biblioteca presidencial de Bush, amparado en la Ley de Libertad de Información. Las divulgaciones constituían unas 500 páginas, mientras que unas 6000 páginas adicionales fueron retenidas como clasificadas.

Las divulgaciones se producen luego de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley en diciembre que impondría restricciones significativas al poder ejecutivo tras la era de Trump, incluida una disposición que exigiría la divulgación de los documentos de acción de emergencia a los supervisores del Congreso.

No se espera que el proyecto de ley, llamado Ley para la Protección de Nuestra Democracia, sea aprobado por el Senado, donde los republicanos pueden bloquearlo con tácticas obstructivas. Pero quienes defienden la instauración de ciertos nuevos límites a los poderes presidenciales de emergencia, con cierto apoyo bipartidista, están debatiendo intentar, a finales de este año, adjuntar una parte en una ley de autorización de defensa anual que se considera una legislación “imprescindible”.

Todavía no está claro si la disposición sobre los documentos de acciones de emergencia se incluirá en tal medida. Pero el senador Edward Markey (demócrata por Massachusetts), quien redactó la disposición como una legislación independiente en 2020, afirmó que el Congreso tiene la oportunidad de asignarle cierta capacidad de rendición de cuentas a la planificación para emergencias.

“Como legisladores, es nuestro deber exigir que el poder ejecutivo entregue documentos para que el Congreso, como representante del pueblo estadounidense, pueda evaluar la constitucionalidad de cualquier intento de un futuro presidente de aprovecharse de una emergencia para obtener poderes extraordinarios”, afirmó Markey en un comunicado proporcionado a The New York Times.

Markey propuso su proyecto de ley luego de que el expresidente Donald Trump afirmara que él ejercía una autoridad “total” en los primeros días de la pandemia de coronavirus y declarara una emergencia nacional.

La razón por la que hay más información pública sobre las versiones de las décadas de 1950 y 1960 de los borradores de las órdenes de acción de emergencia es que algunas han sido mencionadas o descritas en informes que desde entonces se han desclasificado. Por ejemplo, estas incluyeron directivas que imponían versiones de la ley marcial, censuraban la información que provenía del extranjero y suspendían las audiencias judiciales de personas detenidas. No está claro si la versión actual contiene acciones similares.

Otra orden de acción de emergencia previa, de la década de 1950, fue preparada para crear zonas militares que prohibieran la presencia de ciertas categorías de personas. La directiva se hizo eco de la manera en que el gobierno prohibió la entrada de japoneses y japoneses-estadounidenses a grandes extensiones de la costa oeste durante la Segunda Guerra Mundial, lo que condujo a sus encarcelamientos. En 1967, el Departamento de Justicia recomendó descartar esa orden, según reveló un informe desclasificado en 2019.

Entre otras órdenes de esa época hubo una declaración de que existía un estado de guerra, una directiva para trasladar al Congreso a un lugar seguro y la creación de una agencia con la facultad de imponer controles radicales sobre la economía. Esa agencia, que le respondería directamente al presidente, podría establecer controles como el de requisar propiedades privadas y asignar materiales; imponer controles de salarios, precios y rentas; racionamiento; y solucionar conflictos laborales.

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