Comienza hoy una prueba de fuego para el Gobierno

Pasado el dólar soja, un relámpago que alejó las sombras con liquidaciones por unos US$8200 millones en 25 días, las nubes vuelven a cernirse sobre la economía. A partir de hoy, el devenir de las reservas del Banco Central volverá a estar bajo la mirada desconfiada del mercado. El objetivo oficial es evitar volver al escenario anterior. “Cada dólar que entró lo vamos a cuidar”, es la consigna, algo que probablemente justificará nuevos controles. Sergio Massa terminó su primer mes en el cargo de ministro, agosto, con un Banco Central perdiendo reservas netas por US$518 millones y culminó septiembre en sentido inverso: embolsando unos US$5000 millones.

Ahora empieza a jugarse el resultado del tercer mes de gestión. El Gobierno se concentrará en actuar sobre la oferta y la demanda de dólares oficiales para intentar salir airoso. Por el lado de la oferta, avanzará en regímenes de incentivos a algunos sectores (el tecnológico será el primero y se anuncia hoy); se espera el aporte de fondos de organismos multilaterales y el remanente del campo por maíz y trigo, aunque está bajo la amenaza de la sequía. Por el lado de la demanda, un nuevo sistema de monitoreo de importaciones, que se anunciará el martes y que promete vigilar dólar por dólar los pedidos de las empresas.

Otras opciones más ruidosas, como un tipo de cambio más alto para el turismo, el llamado “dólar Qatar”, siguen bajo análisis. Sus dudas de implementación crean contradicciones: mientras, por un lado, se intenta combatir las expectativas de devaluación dando previsibilidad a los importadores, al mismo tiempo, los trascendidos sobre un nuevo dólar las alientan.

Además de las especulaciones sobre un salto devaluatorio, el Gobierno debe lidiar con las crecientes expectativas de inflación, que siguen disparándose y espolean los conflictos gremiales que atraviesan todo el arco productivo.

En un contexto de inflación que apunta al 95/100% a fin de año, se dificulta conocer el precio de referencia de los alimentos y otros productos de consumo masivo, pero no es lo único. También sucede con los salarios. La nominalidad, es decir, el valor de las cosas sin tener en cuenta la inflación, abulta los números de los recibos y brinda una sensación engañosa que se evapora cada vez que el asalariado va de compras o tiene que afrontar gastos. Ningún sindicato quiere quedarse corto y se mete en la carrera contra los precios. A las empresas les sucede algo parecido con los costos de producción y de reposición.

La primera en tomar nota del inminente plan “Dólares cuidados” fue Cristina Kirchner. Como socia del Frente de Todos, guardó silencio mientras el ministro acumuló reservas y se pronunció públicamente cuando se empieza a ver cómo se usarán los billetes. Otro tanto hizo su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Esperó el final del régimen para quejarse de las ventajas que se les dieron a los sojeros.

Si bien el decreto de creación de un mecanismo preferencial para el agro contemplaba un fondo para asistencia social, la vicepresidenta se aseguró de aparecer poniéndole letra a la partitura con alusiones a la alta rentabilidad de las empresas de alimentos tras conocerse que el número de indigentes, aquellos que no cubren una canasta alimentaria mínima, siguió subiendo durante el primer semestre del año.

Otra vez aparece el fantasma de un kirchnerismo opositor de sí mismo, necesitado políticamente de mostrar combatividad, mientras al mismo tiempo encara el ajuste de la economía, “ordenamiento” en el lenguaje massista. ¿Un regreso a las épocas de Martín Guzmán? Desde un rincón del cristinismo, a modo de respuesta, devuelven por WhatsApp la foto de Massa y Cristina en el Senado, sonrientes ante una larga mesa, horas antes de asumir como ministro de Economía. Cerca del exintendente de Tigre dicen que “está todo ok”. “Las coaliciones son amplias y hay unidad en la diversidad; avanzamos en el ordenamiento fiscal para que la economía crezca”, afirman. Como prueba, señalan que Massa habló dos veces con la vice después de sus tuits, adelantan que el martes hará anuncios sobre la tarifa social de los servicios públicos y que en la semana se reunirá con Fernanda Raverta, titular de la Anses, y Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, para avanzar en el diseño del bono para sectores vulnerables.

El Gobierno tendrá la oportunidad de sobreactuar dureza esta semana, en el tramo final de las negociaciones para renovar el programa Precios Cuidados. Allí tiene que sentarse a la mesa con las grandes empresas de alimentos a las que Cristina acusa. Será una canasta más reducida con marcas reconocidas cuyos precios sirvan de referencia para el resto. Al igual que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, cree que la solución es macro. Ahora, debilitado internamente, tendrá que seguir más que nunca el libreto de Augusto Costa, el padre de la criatura, con quien se viene reuniendo desde hace unas semanas. Se discute en estos momentos qué productos, y en qué cantidades, estarán incluidos en el programa. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones, falta lo más difícil: los precios de entrada de los productos y de cuánto serán los ajustes de noviembre y diciembre. Los aumentos del programa vienen por debajo de la inflación y eso potencia la demanda y, cómo consecuencia, el desabastecimiento. El kirchnerismo podría presionar con medidas más duras.

La vista del Estado se posa sobre lo que regula y puede controlar mejor: un puñado de empresas de alimentos, supermercados, los salarios en blanco. Otros universos quedarán fuera del radar, como los salarios de la economía informal -los que más perdieron contra la inflación, según el Indec-; los comercios pequeños y los precios de los servicios no transables, que en algunos rubros subieron 100% solo desde marzo a la fecha.

¿Cuánto cuesta la paz social?

Algunos conflictos desafían el sentido común, como lo que sucede con gran parte de los gremios marítimos, que pararon el fin de semana pasado (ahora están en una conciliación obligatoria de 13 días) en solidaridad con una medida de fuerza de los remolcadores de puertos.

Como lo definió atónito un empresario del sector, una “huelga por simpatía” que puso en duda la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Buenos Aires, el 24 de septiembre, tras un viaje de instrucción que duró meses. Finalmente intervino el Gobierno y los gremios permitieron que el buque amarrara 10 horas más tarde de lo previsto. Con la conciliación obligatoria tuvo menos suerte: los sindicalistas no se dieron por notificados hasta dos días después. Las empresas navieras que operan en el puerto perdieron entre 20.000 y 30.000 dólares por jornada por cada barco parado.

Lo insólito es que la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) había llegado hace poco a un acuerdo paritario con los sindicatos equivalente a un ajuste por inflación más 10% y un bono equivalente al 45% del salario. Incluía una cláusula de paz social que resultó ser muy frágil. No alcanzó para evitar que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo y los maquinistas navales se solidarizaran con los remolcadores. “Mañana no hay figuritas y nos van a parar los barcos”, ironizó el empresario, quien dijo que no tenían nada que negociar porque ya habían firmado la paritaria. “Nunca vi nada igual”, cerró.

El Ministerio de Trabajo convocó a reuniones por separado con cada una de las partes para esta semana. El rol del ministro, Claudio Moroni, está cuestionado en el sector, de la misma manera que sucedió en el caso de los neumáticos. Las señales vuelven a ser confusas. Mientras, ante la inacción de Moroni, Massa intervino para advertir que no se podía ser “rehenes de situaciones de inflexibilidad” , referentes del kirchnerismo celebraban en las redes sociales la intransigencia del gremio de Alejandro Crespo (y las tomas de colegios secundarios en la Capital Federal) con dos palabras: “Luchar sirve”.