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¿Está en capacidad la oposición para velar por los activos de Venezuela en el exterior?

La decisión de una corte estadounidense ordenando a Venezuela a pagar $8,750 millones a ConocoPhillips por los activos que le extraditó el régimen socialista de Caracas le está generando fuertes críticas a la oposición venezolana, en medio de acusaciones de que se quedó dormida en la defensa de los activos venezolanos en el exterior.

La decisión le otorga a la petrolera estadounidense nuevos instrumentos legales para cobrar un fallo previo emitido a su favor por un tribunal de disputas de inversiones internacionales del Banco Mundial y representa un nuevo peligro al control accionario que ejerce el estado venezolano sobre la refinadora estadounidense Citgo, dijeron expertos.

La oposición venezolana agrupada bajo el liderazgo de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el legítimo presidente de Venezuela, actualmente mantiene el control de Citgo y de otros activos en el exterior desde que éstos le fueran arrebatados al régimen de Nicolás Maduro.

Pero la oposición venezolana parece haberse quedado de brazos cruzados ante la disputa legal emprendida por ConocoPhillips que podría quitarle el control de Citgo.

“El hecho de que no hayan acudido al juicio es muy grave”, advirtió Miguel Angel Martin, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la propia oposición venezolana. “Ellos tenían hasta el 20 de marzo del año pasado para acudir al juicio y no fue la representación de Guaidó o de la Asamblea Nacional (opositora)”.

Ante el hecho de que Venezuela no presentó ni un solo alegato en su defensa, el juez falló a favor de la petrolera estadounidense. “Perdimos por ‘forfeit’”, dijo Martín.

El desenlace fue utilizado de inmediato por el régimen de Maduro para criticar al equipo opositor, a quien acusó de haberse aliado a la petrolera estadounidense para atentar contra los intereses venezolanos.

“Esta injusta decisión ha sido fraguada violándosele a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos entre los que se encuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández (ex procurador especial del equipo opositor) quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión”, dijo el régimen a través de un comunicado.

Guaidó, entre tanto, se defendió a través de su cuenta de Twitter.

“Maduro se atreve a señalar responsabilidades por la sentencia del caso Conoco, cuando es producto de una demanda debido a la expropiación que impuso (el fallecido presidente Hugo) Chávez”, escribió el lider oopositor “El régimen manejó irresponsablemente los procesos arbitrales y judiciales de Conoco. Cargamos a cuestas con el resultado”.

El reclamo de ConocoPhillips no es el único que enfrenta en Venezuela. Según datos del actual procurador especial del equipo de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, el país enfrenta más de 200 procesos judiciales emprendidos por acreedores e inversionistas que han sido perjudicados por el régimen de Caracas. Estos reclamos suman más de $40,000 millones.

Expertos consultados calificaron de extraña la actuación de los opositores, y en especial de quienes integran la Asamblea Nacional, de no autorizar la contratación de abogados para defender los activos de Venezuela frente a las aspiraciones de ConocoPhillips y otros, particularmente cuando Hernández y Sánchez Falcón habían declarado previamente que era necesario.

En un informe dirigido a la Asamblea Nacional, Sánchez Falcón dijo que su oficina “ha solicitado y casi rogado presupuesto integral para atender los litigios, y ha sido sistemáticamente ignorada (...) es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión, por dejar de pagar 20 o 30 millones de dólares, que en consecuencia arriesgan más de 40,000 millones de dólares”.

El monto total adeudado por Venezuela a sus abogados en el exterior suman cerca de $63 millones y éstos deben ser cancelados para continuar la defensa del país en una serie de reclamos que además del de ConocoPhillips también han sido introducidos por la minera canadiense Crystallex; los acreedores de los bonos de la nación sobre los que el país se declaró en default y los casos introducidos contra las FARC y el ELN, organizaciones guerrilleras que las cortes estadounidenses han vinculado al régimen de Caracas.

El equipo de Guaidó también requiere abogados para defender las reservas de oro depositadas en Inglaterra.

Los pedidos del contralor fueron ignorados por algunos de los líderes de la oposición venezolana que controlan la Asamblea Nacional por considerar las descripciones de los riesgos como exagerados. Entre estos se encontraba Julio Borges, jefe de uno de los mayores partidos de la oposición venezolana, Primero Justicia, quien calificó el pago de abogados en el exterior como un “desaguadero de recursos”.

El comentario de Borges, según un colaborador de él, se debe a que actualmente Citgo es protegida de reclamos como los de ConocoPhillips y Cristalex por una licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionada a las sanciones impuestas contra Maduro.

Expertos dijeron que entre los activos que aún le quedan a Venezuela en el exterior, Citgo es la que probablemente luce más atractiva para ConocoPhillips, dado a que las operaciones de la refinera complementa sus propias operaciones dentro de Estados Unidos y porque también se encuentran fuera de Venezuela.

El perfil de Citgo también ha mejorado en los últimos tiempos debido al alza de los precios internacionales de los combustibles y la adopción de mejores prácticas administrativas desde que el control le fue arrebatado al régimen de Maduro.

“Citgo, que estaba siendo valorada en unos $6,000 millones, ahora está siendo considerada en alrededor de $10,000 millones”, comentó Antonio De La Cruz, asociado principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington.

Pero estos no son los únicos que podrían ser embargados por los acreedores en un futuro, resaltó Juan Fernández, ex director de planificación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

“Conoco podría continuar buscando activos de PDVSA en el exterior, incluyendo instalaciones de almacenamiento, cargamentos de petróleo, y podría mirar otros activos de la república como el dinero venezolano represado en el banco de Inglaterra”, dijo Fernández. “Es un despelote esta situación”.