Las cicatrices abiertas de la guerra contra las drogas en Filipinas

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Manila, 28 jun (EFE).- Cuando apenas le quedan 48 horas para acabar su mandato, el todavía presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, alardea con orgullo de su legado más sangriento: su "guerra contra las drogas", una operación que deja miles de pobres asesinados extrajudicialmente y una miríada de familias rotas sin consuelo ni sustento.

"Lo perdí todo. Tuve que rehacer mi vida desde cero", cuenta a Efe por teléfono Gloria de la Cruz, de 32 años, que tenía solo 27 cuando su marido y su suegro fueron torturados y ejecutados en julio de 2016 en una comisaría de policía de Manila, ambos con las esposas puestas y sin posibilidad de defensa.

"Ahora trabajo en turnos de noche, y a duras penas puedo pagar la comida de mis hijos", se lamenta De la Cruz, que prefiere utilizar un pseudónimo por razones de seguridad.

La filipina fue una de las pocas víctimas que se atrevió a denunciar las muertes de sus allegados. Durante el juicio, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas le ofreció protección y le ayudó con los gastos del proceso.

Las muertes fueron destapadas por Sandra Aguinaldo, una periodista filipina que entró a la comisaria para investigar el casos. La policía se defendió alegando que una de las víctimas quiso agarrar una pistola que había en la comisaría y por eso efectuaron los disparos, defensa cuestionable teniendo en cuenta que "ambos estaban esposados", relata De la Cruz.

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

La Corte Penal Internacional ha vuelto a pedir recientemente que sus investigadores entren en el país para indagar las muertes, pero Marcos Jr., que inaugura su legislatura este próximo jueves 30 tras arrasar en las elecciones del pasado mes de mayo, ya dijo en campaña electoral que no permitirá la investigación en suelo filipino y seguirá los pasos de Duterte, que sacó al país del tribunal internacional para evitar las pesquisas.

"Disparad a matar a los traficantes y os daré una medalla. Hitler masacró a tres millones de judíos, aquí hay tres millones de adictos a las drogas. Estaré feliz de matarlos a todos".

Estas palabras fueron pronunciadas por Duterte apenas unas semanas antes de jurar el cargo como presidente en junio de 2016, y desencadenaron una ola de violencia sin precedentes en el país, una "guerra" que deja alrededor de 27.000 muertos según varias oenegés, aunque la policía solo admite 6.252 muertes en "redadas antidroga".

Desde entonces, los policías se convirtieron en sicarios que mataban en redadas sin órdenes judiciales y los sicarios se disfrazaron de policías que operaban fuera de la ley, cuyas patrullas de "vigilantes" aterrorizaban a los habitantes de las barriadas pobres de las grandes urbes filipinas.

Según datos del Proyecto para la Localización de Conflictos Armados (ACLED), el 48 % de las matanzas fueron ejecutadas por personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad y ningún individuo de los llamados vigilantes ha sido condenado ni imputado.

IMPUNIDAD POLICIAL

"Todos los que tomaban 'shabú' (metanfetamina) podían ser asesinados. Mi marido y su padre consumían, pero solo para aguantar despiertos en sus trabajos", explica De la Cruz, cuyo cónyuge y suegro trabajaban de noche.

Todavía compungida cuando relata su historia, De la Cruz cuenta como aquella tarde entraron en su casa un grupo de policías, miraron "hasta en los pañales" de mi bebé para buscar la droga, y se llevaron al padre y el abuelo de su hija hasta la comisaría más cercana, donde fueron torturados antes de ser ejecutados.

La impunidad de esta sangrienta operación de "limpieza" ha sido absoluta estos últimos seis años.

Apenas un reducido grupo de policías han sido condenados, entre los que destacan los tres agentes de Caloocan donde fue asesinado Kian de los Santos, un niño de 17 años que fue ejecutado en agosto de 2017 en esta ciudad al norte de Manila, y cuyo caso provocó la ira de los grupos defensores de derechos humanos e incluso de varios políticos prominentes.

Su tío, Randy de los Santos, relata a Efe como tuvo que hacerse personalmente con la cámara de seguridad de un establecimiento cercano para proteger la única prueba que desmontaba la coartada de la policía, que acusaba al menor de haber disparado a los agentes antes de ser abatido.

"No tuvieron más remedio que condenar a los policías. Estaba todo grabado. Pero destrozaron la vida de Kian, que no tenía nada que ver con las drogas y era solo un niño", explica De los Santos.

"Duterte no ha acabado con las drogas como prometió. Solo ha dejado 30.000 muertos y muchas familias destrozadas", añade.

Federico Segarra

(c) Agencia EFE

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