Ciudad: presentan un proyecto de ley para que los alumnos con altas capacidades intelectuales puedan acelerar su graduación

La legisladora de Republicanos Unidos, Marina Kienast, presentó hoy en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el “Programa Educativo de Aceleración para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales”. “Lo que promueve esta ley es evitar que los padres tengan que ir a la Justicia para que las autoridades educativas habiliten la posibilidad de pasar de nivel, o compactar curricularmente a los chicos de alto potencial intelectual que ya tienen los contenidos del grado que están cursando, y que se aburren por la falta de estimulación”, explicó a LA NACION Daniel Ricart, fundador de tres colegios para niños con altas capacidades y promotor del proyecto, a través de Kienast.

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El texto de la iniciativa explica en sus fundamentos que “la aceleración en la enseñanza consiste en la reducción de la escolaridad obligatoria para aquellos alumnos que posean los conocimientos necesarios para su avance a grados superiores”, y agrega que esto posibilita a los estudiantes con altas capacidades “sostener la motivación académica, mejorar la ejecución escolar, social y la autoconfianza”.

“Tener un coeficiente intelectual mayor a 120 significa tener altas capacidades, y corresponde aproximadamente a un 5% de la población. Con uno mayor a 130, pertenecés al 2% de superdotados del mundo. El problema está en que el sistema educativo actual está diseñado según patrones estandarizados, con poco margen para quien no encaja en su molde”, sostuvo hoy la legisladora durante la presentación del proyecto en el Salón Dorado de la Legislatura.

Esta iniciativa no incorpora imputaciones presupuestarias. Si bien prevé la creación del Comité Evaluador de Altas Capacidades Intelectuales (Ceaci), dependiente del Ministerio de Educación de la ciudad, sus cuatro miembros –profesionales de la psicología, pedagogía, asistencia social y educación– participarán ad honorem.

“El objetivo de la diputada es que la ley salga rápidamente para que los chicos que están en condiciones de pasar a un grado superior lo puedan hacer sin necesidad de recurrir a un juez. Es por esto que no supone costos adicionales, para que no tenga que ir a la Comisión de Presupuesto y se retrase su tratamiento”, explicó Ricart.

La solicitud de aceleración curricular podrá ser presentada por el mismo alumno, sus tutores o algún docente, y será remitida por los directivos de la institución educativa al Ceaci, que evaluará el caso y tendrá 60 días corridos para emitir un dictamen. Este procedimiento será interdisciplinario y el resultado tendrá carácter obligatorio y vinculante.

Según explicó el especialista, “a los docentes se les enseñaría cómo detectar a los chicos con alto potencial, así como a planear y hacer un perfil intelectual del alumno y determinar en cuál de las ocho inteligencias [lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, kinestésico-corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista] desarrolla un talento superior. Una vez hecho esto, se emplaza un programa de entrenamiento de acuerdo al área en que el chico es talentoso”.

Experiencia

Ricart, uno de los principales exponentes del tema en la Argentina a través de la Fundación que lleva su apellido, ha vivido a nivel personal la experiencia de aburrirse y sentirse sin motivación en el colegio. En su juventud, ha sido un alumno con altas capacidades, que se recibió de contador en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 22 meses, y continuó su formación en la Universidad de Harvard.

“Yo mismo fui un joven de estas características y por eso la motivación personal de construir estas escuelas. La verdad es que durante toda la primaria la pasé muy mal, y en la secundaria un poco mejor porque era un colegio bastante flexible que me permitía avanzar conforme mi capacidad”, indicó.

El proyecto estipula que la autoridad de aplicación tendrá, entre otras tareas: elaborar, junto a instituciones que se especialicen en esta temática, cursos de formación docente de carácter obligatorio para el abordaje programático; y ayudar a la detección temprana y al acompañamiento de los menores que estén en condiciones de acceder a la aceleración, así como también a aquellos que ya hayan accedido, o que a pesar de cumplir con las condiciones decidan no hacerlo.

Según explicó Ricart, el programa “dará respuesta a un universo de niños y familias que hoy no tienen contención adecuada en el sistema educativo y son el 2% de la población. Si hoy un niño presenta un problema de bajo rendimiento pedagógico existen equipos profesionales y protocolos para actuar, pero si presenta alta capacidad, nadie sabe qué hacer”.

En la misma línea, el especialista hizo hincapié en llevar “a la máxima exigencia” el desarrollo del talento de estos chicos, transferirlos a la vida cotidiana y “sacarlos del ámbito escolar, tal como se entiende la escuela: un grupo homogéneo, con clases expositivas, homogéneas en la que todos tienen que aprender igual”.

“En la actualidad, los niños con altas capacidades intelectuales no son abrazados por el sistema educativo. La idea de las instituciones educativas es estandarizar, lo que genera alumnos apáticos o con problemas relacionales o de conducta”, se destaca en los fundamentos del proyecto.

Si bien Ricart destacó que la iniciativa es “puntual y específica” para que pueda ser sancionada rápidamente y motorice la aceleración de niños con altas capacidades intelectuales, señaló que es “muy limitada”.

“La idea sería establecer una escuela pública modelo, que sirva como observatorio por distrito, en donde se contengan a este tipo de chicos. Las provincias de Mendoza, Salta y Jujuy lo están haciendo hace bastante tiempo y en la provincia de Buenos Aires ya presentamos la ley Benjamín”, señaló.

La ley Benjamín

En la legislatura de la provincia de Buenos Aires ya existe una iniciativa similar presentada por el diputado Claudio Frangul (UCR), elaborada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Mensa y la Fundación Ricart.

El texto, que lleva el nombre de ley Benjamín, surgió a partir del caso de un niño platense de siete años considerado con altas capacidades intelectuales. Luego de una larga pelea en la justicia, su familia logró obtener un fallo del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de La Plata para que pueda continuar sus estudios en el cuarto grado, pese a que las autoridades educativas lo obligaban a repetir tercero, en consonancia con el nivel que le corresponde por su edad.

El fallo, además, exige a las autoridades educativas que presenten un plan para acompañar la trayectoria escolar del alumno atendiendo a sus altas capacidades para favorecer el desarrollo emocional, social y educativo.