Lo que han conseguido El Caucus Latino de California y sus prioridades para el futuro

Hace 50 años, cinco latinos se unieron para crear el primer Caucus Legislativo Chicano. En aquel momento, los legisladores, todos varones y de ascendencia mexicana, constituían el 4% de la Legislatura.

Aunque se trataba de un grupo pequeño, su creación marcó un punto de inflexión para el 14% de la población latina de California.

A lo largo de las cinco décadas siguientes, el caucus creció, se diversificó y se convirtió en un grupo influyente en el Capitolio. Ese progreso coincidió con la explosión de la comunidad latina hasta alcanzar el 40% de la población del estado.

El grupo, que cuenta ahora con la cifra récord de 38 miembros, ha pasado a llamarse Caucus Latino. Desde su fundación, ha cosechado una serie de importantes victorias, como la oposición a la legislación antiinmigración en la década de 1990 y la creación de una red de seguridad social para la comunidad indocumentada del estado.

Sin embargo, el trabajo no ha terminado, dijo la actual presidenta y asambleísta Sabrina Cervantes, demócrata de Riverside.

“Tenemos que seguir presionando, asegurándonos de que elevamos a los casi 16 millones de latinos en California y luchando por nuestras vastas contribuciones y las necesidades de nuestra humanidad”, dijo Cervantes.

La senadora María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles y presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, en la Clínica Sierra Vista, el martes 27 de julio de 2021 por la mañana, en Fresno, CA.
La senadora María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles y presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, en la Clínica Sierra Vista, el martes 27 de julio de 2021 por la mañana, en Fresno, CA.

Prioridades legislativas para 2023

Cervantes recientemente encabezó la tradición anual del caucus de anunciar sus prioridades legislativas para el próximo año. Este año, los miembros del grupo votaron a favor de dar prioridad a 14 proyectos de ley sobre salud, vivienda, educación, medio ambiente e inmigración.

Varios miembros hablaron en la conferencia de prensa del martes para presentar sus medidas.

El asambleísta Joaquín Arámbula, demócrata de Fresno, presentó su legislación en primer lugar. El Proyecto de Ley 4 de la Asamblea (AB 4) da continuidad a un impulso para extender la cobertura completa de Medi-Cal a más personas indocumentadas.

En los últimos años, el grupo ha tenido éxito en conseguir la legislación para que algunos habitantes indocumentados se unan a Medi-Cal. El AB 4 ampliaría la elegibilidad de ingresos para los adultos indocumentados.

La senadora Lena González, demócrata de Long Beach, vicepresidenta del grupo, es autora de otra medida de salud, el Proyecto de Ley 616 del Senado, que tiene por objeto aumentar la cantidad de días de licencia por enfermedad pagada que un empleador está obligado a proporcionar de tres a siete. Citó la pandemia del COVID-19 como ejemplo de porqué los empleados, en particular los “trabajadores esenciales”, necesitan tiempo adicional para cuidar de sí mismos y de los demás.

“Además, puede reducir el costo global de los empleadores al contener posibles brotes de enfermedades y permitir que los trabajadores se recuperen más rápidamente y vuelvan al trabajo de forma más productiva en la cuarta economía más grande”, dijo González.

La líder de la mayoría en la Asamblea, Eloise Gómez Reyes, demócrata de Colton, encabezó la presentación de la legislación centrada en la educación con el AB 278. La medida establecería centros de recursos para los dreamers en las preparatorias de todo el estado. Estos centros proveen servicios para apoyar a la población estudiantil indocumentada.

El final de la conferencia de prensa del martes se centró en otros proyectos de ley para mejorar la red de seguridad social para los aproximadamente 2.3 millones de habitantes indocumentados del estado.

“Ya es hora de que el estado reconozca lo importantes que son para California”, dijo la senadora María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles.

Durazo habló sobre su legislación, SB 227, que proporcionaría a los trabajadores que están excluidos del seguro de desempleo, debido a su estatus migratorio, $300 por semana durante un máximo de 20 semanas en 2025.

Los asambleístas Juan Carrillo, demócrata de Palmdale, y Miguel Santiago, demócrata de Los Ángeles, presentaron proyectos de ley que asegurarían la asistencia mensual en efectivo para los ancianos indocumentados y ampliarían los beneficios alimentarios a todos los inmigrantes indocumentados.

Estas medidas probablemente enfrentan una batalla cuesta arriba mientras el estado trata de cerrar un déficit proyectado de $22,500 millones sin recortar los programas que ya están prestando servicios a los californianos.

En enero pasado, Newsom dio a conocer una propuesta de plan de gastos del estado que retrasaría dos años el cronograma de la asistencia alimentaria para los adultos mayores indocumentados.

Santiago se refirió a la demora en sus comentarios.

“Ahora estamos hablando de recortes presupuestarios y lo primero que sale de la mesa es Food for All [Alimentos para Todos]... La gente no puede esperar dos años cuando tiene hambre”, dijo Santiago.

Una mirada retrospectiva a 50 años

Cervantes se considera a sí misma un reflejo de la diversificación y el progreso del grupo. Es la primera latina LGBTQ que preside el grupo y la tercera mujer consecutiva que lo dirige. Con 21 miembros, las latinas son ahora mayoría en el grupo.

Pero el progreso no ha sido fácil. Hubo que esperar hasta 1982 para que la primera latina, Gloria Molina, fuera elegida miembro de la Legislatura. Tuvieron que pasar otros 23 años para que Martha Escutia se convirtiera en la primera mujer presidenta.

Cuando Escutia se incorporó a la Asamblea en 1992, el grupo solo tenía seis miembros y estaba a punto de enfrentarse a una serie de medidas de carácter racial.

En 1994 llegó la Proposición 187, que pretendía prohibir a los inmigrantes recibir servicios sociales, atención sanitaria y educación. Siguieron otras medidas, como la Proposición 209, que prohibía la discriminación positiva, y la Proposición 227, que pretendía acabar con la educación bilingüe.

“Estábamos jugando a la defensiva con solo seis miembros en medio de la histeria antiinmigración”, dijo Escutia.

Pero la retórica antiinmigrante y los proyectos de ley inspiraron a los jóvenes demócratas, en particular a los latinos, a involucrarse en la política. Con el tiempo, Escutia dijo que el caucus usó este impulso para crear apoyo y soluciones para la población inmigrante del estado.

El primer gran avance para los californianos indocumentados se produjo en 2001, cuando se aprobó una ley que permite a los estudiantes indocumentados pagar la colegiatura estatal en las universidades públicas de California. Luego, en 2015, el ex gobernador Jerry Brown promulgó una ley que permite a las personas solicitar licencias de conducir independientemente de su estatus migratorio.

En los últimos años han llegado más cambios mientras el Estado ampliaba la elegibilidad de Medi-Cal.

California comenzó a permitir que los niños indocumentados se unieran a Medi-Cal en 2015. Cuatro años más tarde, la elegibilidad se amplió a los menores de 26 años. Y el año pasado, el Estado comenzó a cubrir a las personas de 50 años o más. El próximo año, todos los habitantes indocumentados de bajos ingresos serían elegibles para el seguro subsidiado por el estado.

“El Caucus Latino ha hecho que California sea más progresista y eso es bueno”, dijo Escuita.

El caucus también ha abogado por la igualdad de representación en el gobierno estatal y fuera de él. En la actualidad, el grupo ocupa el 30% de la Legislatura y ve cómo antiguos miembros y no miembros ocupan puestos más altos.

Recientemente, el caucus impulsó el nombramiento de Patricia Guerrero como presidenta de la Corte Suprema de California y del primer senador estadounidense latino del estado, Alex Padilla.

“Me siento honrado de estar a la altura de los grandes líderes latinos que me han precedido, y estoy deseando que lleguen los próximos 50 años”, dijo Padilla en un comunicado.