La Corte Constitucional italiana alaba el mandato de vacunación por covid-19

Roma, 1 dic (EFE).- La Corte Constitucional italiana dictaminó hoy que el mandato por el que el Ejecutivo obligó a vacunarse contra la Covid-19 a sanitarios, profesionales de otros sectores esenciales y mayores de 50 años fue legítimo, en contra de la opinión de quienes se opusieron a inmunizarse.

Como respuesta a las denuncias de varias personas que perdieron sus empleos o sufrieron una congelación de salario por su negativa a vacunarse, el Tribunal consideró que la obligación impuesta por el Gobierno en la primavera de 2021 "no fue irracional ni desproporcionada", según un comunicado difundido por su oficina de prensa.

La decisión llegó el mismo día en el que acababa el plazo para que las personas alegaran los motivos por los que no recibieron la vacuna. Ahora, en caso de no haber completado la justificación deberán pagar una multa de un mínimo de 100 euros.

El mandato aprobado por el entonces primer ministro de Italia, Mario Draghi, fue recibido con polémica por un amplio sector de la población, que organizó protestas en consonancia con otros países europeos como Francia.

A pesar de las sanciones, casi dos millones de italianos se negaron a aceptar el decreto, sufriendo así una suspensión salarial y laboral que no se reanudó hasta el pasado 1 de noviembre, ya que el nuevo Ejecutivo, encabezado por la ultraderechista Giorgia Meloni, adelantó la fecha de expiración de la norma.

Los 15 jueces del Constitucional se reunieron hoy para discernir sobre la legitimidad de la medida, cuestionada en once instancias judiciales, entre ellas la de una psicóloga que fue suspendida a pesar de que alegó que podía atender a los pacientes de manera telemática.

En este sentido, consideraron inadmisible, por razones de procedimiento, "la cuestión relativa a la imposibilidad, para los profesionales de la salud que no hubieran cumplido con la obligación de vacunación, de ejercer su trabajo cuando no implicaba contactos interpersonales".

La Corte ya se pronunció en 2018, mucho antes del estallido de la pandemia del coronavirus, a favor de la vacunación obligatoria si se daban tres condiciones: mejora de la salud del individuo y de la comunidad, si las consecuencias son tolerables y si, en caso de daños adicionales e imprevisibles, se proporciona una compensación justa.

(c) Agencia EFE