La CorteIDH examina una demanda contra Brasil por un asesinato y los heridos durante una marcha

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San José, 27 jun (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este lunes una audiencia de dos días en la que examina una demanda contra Brasil por el asesinato de Antonio Tavares Pereira y las lesiones sufridas por otros 185 activistas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en el marco de la represión a una marcha por una reforma agraria.

La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indica que el caso se encuentra en completa impunidad y culpa al Estado de Brasil de violaciones al derecho a la vida, al de integridad personal, al de libertad de pensamiento y de expresión, al de reunión, al de circulación, al de garantías judiciales y al de protección judicial.

La representante de la CIDH, Paula Rangel, dijo este lunes en la audiencia que unos 1.500 trabajadores del MST en Paraná se dirigían en autobuses a la ciudad de Curitiba para participar en la marcha el 2 de mayo de 2000 por la reforma agraria, cuando fueron interceptados en la carretera por la Policía Militar.

Según la acusación, cuando los trabajadores bajaron de los autobuses las autoridades respondieron con violencia, lo que causó la muerte de Tavares producto de un balazo de un policía militar, y otras 185 personas resultaron heridas.

La CIDH sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y que luego se aplicó la justicia militar para investigar los hechos, lo que, según la demanda, ha provocado impunidad y no se trata de una instancia imparcial.

Además, señaló que el caso llegó a la jurisdicción ordinaria, pero la acción penal por el delito de homicidio fue sobreseída con base en la decisión de la justicia militar.

La demanda asegura que este caso se enmarca en un contexto de violencia vinculada a demandas por una reforma agraria en Brasil y que respecto a las 185 víctimas lesionadas, el Estado no probó que hubiera actuado con debida diligencia para investigar.

En la audiencia declaró María Sebastiana Barbosa Pereira, esposa del fallecido, quien reseñó la trayectoria de la víctima en la defensa de las tierras agrícolas y como sostén de la familia que estaba compuesta además por 5 hijos menores de edad al momento de los hechos, quienes, dijo, sufrieron depresión y dificultades para seguir estudiando.

Barbosa pidió a los jueces "que se haga justicia" y que "los trabajadores no vuelvan a sufrir una situación como esta", y expresó su deseo de que este tipo de casos "no se queden en el olvido".

También declaró Loreci Lisboa, una de las manifestantes que resultó herida, quien reseñó los hechos de aquel día, los cuales calificó como una "emboscada" de la policía militar contra los trabajadores y aseguró que se trató de una práctica común de las autoridades contra las protestas de los trabajadores en Brasil.

Lisboa también pidió a los jueces que "se haga justicia porque ya pasaron 22 años" y enfatizó en su deseo de que este caso "no quede impune".

El embajador de Brasil en Costa Rica, Antonio Francisco da Costa, quien encabeza la representación estatal en la audiencia, afirmó que la delegación que presentó Brasil es "amplia y representativa" lo que "muestra el firme compromiso con la Corte y con la defensa de los derechos humanos".

Durante la audiencia, la representación estatal no formuló preguntas a Barbosa Pereira e hizo solo tres a Lisboa.

La audiencia terminará el martes con la exposición de peritos y la presentación de los alegatos orales finales de las partes.

Tras concluida la audiencia, las partes dispondrán de un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, podrá emitir un fallo en los siguientes meses.

(c) Agencia EFE

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