Edenor salió a responder uno por uno los argumentos por los que el ENRE sancionó a la empresa tras los últimos apagones

A principios de esta semana, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó sobre la aplicación de una multa de $20 millones a Edenor por los apagones que se registraron durante la primera semana de enero en plena ola de calor.

Lo hizo mediante la Resolución Nº 07/2022, en la cual el organismo formuló cargos contra la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina tras haber verificado "incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata las afectaciones del servicio en su área de concesión".

Según el ENRE, la concesionaria no informó los eventos ocurridos el 11, 14 y 15 de enero, que perjudicaron a aproximadamente 2,3 millones de usuarios de las zonas norte y oeste de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Además y como respuesta al informe técnico que determinó las implicancias del corte del 11 de enero cuando se produjo una caída del suministro cercana a los 1800 MW que afectó 700.000 usuarios, abrió un sumario administrativo y formuló cargos contra Edenor por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones.

Del mismo modo, se instruyó al Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias de ese organismo a que elabore un análisis técnico para determinar las causas que motivaron las interrupciones de suministro, y que verifique el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa.

Sin embargo, en las últimas horas la compañía salió a desmentir en parte la información oficial, tras sostener que no se le habían aplicado hasta ahora sanciones económicas, además de aclarar que no tiene ninguna responsabilidad en los apagones.

Mediante un duro comunicado, la empresa intenta clarificar la situación en términos de la información, mencionando una gran cantidad de hechos que considera ajenos a su operación como los que afectaron el suministro eléctrico.

Por lo menos así consta en el informe técnico que Edenor presentó ante el ENRE y en el cual aclara que el servicio eléctrico ha sido restablecido con normalidad y que los cortes en su gran mayoría han sido ocasionados por causales ajenos a la empresa.

Según la empresa, la ola de calor que fue récord histórico e incidentes generados mayormente por terceros fueron los que conspiraron para que se produjera el apagón de los primeros días del año.

En el documento, también hizo saber que no ha sido sancionada con ninguna multa, "como erróneamente informa el ENRE en su comunicado del día 18 de enero".

Esto se debe a que cualquier multa de este tipo requiere iniciar un procedimiento administrativo previo y la posibilidad de ejercer el derecho a defensa con la consecuente demora en la decisión por los plazos establecidos.

Pero más allá de este detalle técnico, Edenor insiste en que las causas de los apagones no tienen vinculación con la compañía y argumenta que, entre otros motivos, "se basa en la usurpación de tierras debajo de las líneas de alta tensión en donde está terminantemente prohibido edificar, ya que poseen por ley lo que se denomina servidumbre de electroducto para proteger frente a una eventual descarga eléctrica, no sólo la integridad del servicio, sino también la vida y los bienes de los usuarios".

Para Edenor, los cortes en su gran mayoría han sido ocasionados por causales ajenos a la empresa

Barrio sin control

Concretamente, el informe de la compañía denuncia que el barrio Costa Esperanza , ubicado en la localidad bonaerense de San Martín, se asienta en terrenos usurpados desde hace años.

Asegura que una antena de wifi, instalada en una vivienda ubicada irregularmente en un espacio restringido al electroducto, fue la que produjo la descarga en una línea de alta tensión que puso fuera de servicio el sistema eléctrico de manera masiva.

La compañía arremete contra las autoridades ese municipio por entender que no tomaron nunca las medidas necesarias para evitar la instalación de personas en una zona restringida precisamente por la existencia de esa línea de alta tensión.

"En el barrio Costa Esperanza no existe control por parte de la Municipalidad de San Martín de las edificaciones que se realizan y por supuesto no impide que las mismas se ubiquen en las servidumbres de electroducto", repara el informe que la compañía ya entregó al ENRE.

También recuerda que a partir de la gravedad de la situación y con el objetivo de proteger el servicio, ha realizado innumerables denuncias administrativas, judiciales y penales durante varios años que, sin embargo, no fueron tomadas en cuenta por las autoridades.

La empresa recuerda, por ejemplo, que entre el 2013 y el 2017 presentó cuatro denuncias ante el Municipio de San Martín. También que radicó otra denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional de Morón Nro. 3 en el expte. 7032/2019 por usurpación contra personas no identificadas asentadas en esos terrenos debajo de la servidumbre de paso de la línea de alta tensión 46/48. A pesar de la gravedad denunciada por la compañía, la demanda fue archivada, luego de una comunicación recibida por parte del ENRE el 30 de diciembre del año pasado.

En el mismo sentido, Edenor radicó una nueva denuncia en el Fuero Contencioso Administrativo, ante el Ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nro. 1 Secretaría 1.

En ese caso, la compañía asegura que las autoridades no hicieron nada para resolver el problema. "Luego de la inacción del Municipio de San Martín, con fecha 17/12/2014, promovió demanda por daño temido respecto de un inmueble particular sito en el predio, luego ampliada a los usurpadores del Barrio Esperanza", solicitando la suspensión preventiva de obras y su demolición.

El juez interviniente rechazó la demanda el 26 de enero del 2019, fundamentado que el tema pertenecía a la órbita del Municipio por entender que tenía el poder de policía sobre el tema.

Todas estas denuncias por construcciones sobre las líneas de alta tensión han sido comunicadas en cada ocasión al ENRE.

Sin embargo, Edenor entiende que el organismo de "control" "no tomó medida alguna para proteger la vida de los ciudadanos y el servicio a los usuarios".

El informe también recuerda que en septiembre del 2016, en ocasión de la Revisión Tarifaria, se le reiteró al ente los riesgos que advierte Edenor por dichas invasiones de servidumbres de líneas de alta tensión que ponen en peligro el servicio.

Edenor denuncia que La radicación ilegal de un barrio en San Martín provocó el corte de luz de la semana pasada

De manera complementaria, el 18 de enero del 2021 se realizó ante el ENRE una presentación donde se reiteraron los informes de servidumbres de electroducto invadidos.

"La inacción del ENRE frente a estas denuncias implica la eventual reiteración de cortes masivos del servicio como el ocurrido el martes 11 de la semana pasada", acusa la compañía en el documento, donde asegura además estar cumpliendo con un programa "ante la invasión de la franja de seguridad debajo de las líneas de alta tensión que incluye notificar a los municipios y a las personas que efectúan dichas invasiones respecto del peligro que ello implica tanto para sus vidas como para sus bienes".

La compañía también ha documentado la situación mediante constataciones notariales, habiendo realizado denuncias y acciones desde hace casi 10 años para evitar o erradicar las construcciones bajo las líneas de alta tensión y que tienen como límite el poder de policía que es de exclusiva potestad de cada municipio, el que hasta ahora ha sido nulo.

"El evento del 11/1 se encuentra en la órbita de la responsabilidad del Municipio de San Martín, de los fueros judiciales ante los que la compañía ha realizado denuncias y fundamentalmente del Ente de Control (ENRE) a quien durante estos años Edenor mantuvo siempre informado y fue quien no desarrolló ninguna acción concreta para cesar el riesgo dentro de su esfera de competencia como Organismo responsable de la seguridad pública en los términos de la ley 24.065", argumenta como defensa la compañía que distribuye el 20% de la electricidad consumida a nivel país en un área de concesión de 4.637 kilómetros cuadrados, que incluye 21 municipios en los que habitan más de nueve millones de personas.