Flexibilización del cepo a industria hidrocarburífera: ¿cuáles son los obstáculos que condicionan el nuevo esquema?

Tras dos intentos fallidos de sacarlo mediante la aprobación de una ley del Congreso, la administración de Alberto Fernández anunció la implementación de un nuevo esquema de flexibilización del cepo cambiario para que las petroleras y gasíferas puedan exportar hasta un 30% de su producción sin ninguna clase de retenciones y con libre disponibilidad de las divisas generadas por las ventas externas.

Para poder acceder a los beneficios del "cepo suavizado", las empresas deberán incrementar sus niveles de producción con respecto al último año y encuadrar sus actividades dentro de un nuevo régimen de promoción laboral y desarrollo de proveedores de la industria hidrocarburífera.

Concretada más de dos años después de haberla prometido en la campaña presidencial de 2019, la flexibilización de las restricciones cambiarias para el sector petrolero que lanzó el Gobierno podría quedar lejos de los objetivos buscados por la excesiva regulación que rodea al nuevo esquema y por los cuestionamientos que ya comenzaron a deslizar los referentes del sector kirchnerista en medio de la marcada fractura interna que afecta a la coalición gobernante.

Básicamente las nuevas reglas de juego que anunciaron el presidente Fernández y el ahora "empoderado" ministro de Economía, Martín Guzmán establecen que las empresas petroleras que eleven su producción con respecto a 2021 podrán acceder libremente a divisas por un monto equivalente al 20% de esa suba incremental. En tanto, las productoras de gas tendrán acceso a ese beneficio si logran extraer un 30% más de combustible con respecto al total inyectado en los gasoductos el año anterior.

El Gobierno anunció la implementación de un nuevo esquema de flexibilización del cepo cambiario para que las petroleras y gasíferas

Los detalles del "cepo suavizado"

El esquema en danza -que busca alentar la producción y las exportaciones de crudo y gas- contempla la creación de tres paquetes normativos específicos: el RADPIP (Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo); su hermano mellizo el RADPIGN (Régimen de Acceso a Dividas para la Producción Incremental de Gas Natural) y, por último, el RPEPNIH (Régimen de Promoción del Empleo, el Trabajo y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera).

Según lo que explicó Guzmán, la nueva norma —cuya la letra chica recién se conocerá cuando se publique en Boletín Oficial— va a definir como "producción y inyección incremental de petróleo y gas natural a la diferencia entre la producción efectiva de los últimos 12 meses y la línea base definida como el volumen obtenido por cada empresa en 2021". Agregó que se determinará "como volumen de producción incremental beneficiado (VPIB) y volumen de inyección incremental beneficiado (VIIB) al 20% de la producción incremental de crudo y al 30% de la producción incremental de gas natural que haya obtenido cada beneficiario".

El ministro detalló que las empresas que incrementen sus producciones "tendrán el derecho al acceso al mercado libre de cambios (MULC) por un monto equivalente a su volumen incremental valuado a precio de exportación neto de derechos y primas que correspondan. El acceso a divisas podrá ser destinado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, incluyendo pasivos con empresas vinculadas no residentes, y/o utilidades y dividendos, y/o repatriación de inversiones directas de no residentes".

Para acceder a los beneficios del "cepo suavizado", las empresas deberán incrementar niveles de producción con respecto al último año

Flexibilización del cepo: ¿cuáles son los beneficios según el Gobierno?

Sin mayores precisiones, Guzmán indicó que los beneficios en juego "podrían incrementarse en función del abastecimiento al mercado interno. Lo que estamos haciendo es apuntar a resolver limitantes y cuellos de botella del sector, permitiendo que las compañías puedan acceder a las divisas necesarias para garantizar los equipos especiales que se requieren para obtener una producción incremental".

Si bien consideran que representa un paso positivo para empezar a levantar las trabas y obstáculos que impiden un normal desempeño del sector, las productoras de petróleo y gas natural son cautas y esperan conocer todos los detalles y las regulaciones operativas del nuevo esquema que será aprobado por medio de un decreto.

Temen que un excesivo reglamentarismo termine recortando y entorpeciendo los alcances reales de las medidas cambiarias y laborales orientadas a mejorar las condiciones de extracción y comercialización de la industria hidrocarburífera.

Apoyos y dudas sobre la medida

Más allá del apoyo explícito a la iniciativa oficial que brindó el CEO de Techint y flamante aliado empresario de la dupla Fernández-Guzmán, Paolo Rocca; las empresas de sector admitieron en off que esperaban una flexibilización más amplia para poder exportar un mayor porcentaje de su producción con libre disponibilidad de divisas.

Para los analistas energéticos, los cambios instrumentados por el Gobierno no serían suficientes para revertir las expectativas y sostener una explotación masiva de los recursos hidrocarburíferos no convencionales localizados en Vaca Muerta.

Situada en la cuenca neuquina, la formación geológica de 30.000 kilómetros cuadrados --de los cuales 12.000 kilómetros cuadrados están concesionados a YPF—, requiere de un paquete de inversiones anuales de u$s10.000 a u$s15.000 millones durante un quinquenio para poder encarrilar una producción masiva y permanente que permita garantizar el abastecimiento interno y concretar un salto exportador significativo  para revertir el déficit de la balanza comercial energética y aportar un ingreso relevante de divisas.

La iniciativa oficial tiene el apoyo del CEO de Techint, Paolo Rocca

Los empresarios menos optimistas, en tanto, creen que las modificaciones anunciadas sólo alcanzarán para interrumpir la declinación natural de los pozos e incrementar levemente la producción durante un período no mayor a cinco años.

El otro factor que podría jugar en contra del nuevo esquema de flexibilización cambiaria para la actividad petrolera y gasífera se encuentra puertas adentro del propio Gobierno. 

Funcionarios del área energética, legisladores y técnicos que están alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria ya salieron, directa e indirectamente, a expresar sus reparos y críticas a los cambios promovidos por la Casa Rosada y la cartera económica. Tanto en el Gobierno, como en el ámbito empresario no descartan que en los próximos días aparezca alguna movida del kirchnerismo en el Congreso para generar ruido en el sector y poner, otra vez, en la mira a Guzmán.