Frente de Todos Sociedad del Estado: la peligrosa fascinación de tener un testigo

Cristina Kirchner sueña con una constelación de empresas públicas que le permitan al Estado tener cortas las riendas de la economía. De esa fascinación nació la idea de crear Correo Compras, una división del Correo Argentino hecha para corregir problemas provocados por el funcionamiento del sector privado. Aspira a una misión encomiable desde el punto de vista político: competir con Mercado Libre, la compañía más valiosa del país, fundada por Marcos Galperin, un empresario que se fue a vivir a Uruguay tras el triunfo del Frente de Todos en octubre de 2019.

Según la información que figura en los registros oficiales, Correo Compras tiene potencial para “mitigar el proceso inflacionario” debido a que no cobra comisiones, a diferencia de Mercado Libre.

La empresa del Estado se presentó al público el 16 de octubre de 2020. Aunque tuvo meses mejores, en abril pasado había cerrado 694 transacciones, contra los ocho millones de paquetes en promedio que opera su competidora privada en 30 días. Quizás por eso el Gobierno le sacó hace un mes su gestión a quienes estaban a cargo y la delegó en otra unidad. Habrá que esperar para que despliegue la potencia que le asigna la Casa Rosada en la pelea contra los precios.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, tras su reunión con Alberto Fernández, en 2019. El Gobierno creó Correo Compras para competir con la empresa y tratar de moderar la inflación, pero tiene un bajo nivel de operaciones.

Una de las paradojas más grandes de la Argentina viaja por los cables de alta tensión. Eso se debe a que las propias compañías de electricidad no tienen dinero suficiente para pagar la luz. No es una metáfora, sino una verdad revelada en saldos millonarios de deuda que contabiliza el Gobierno y desequilibran las cuentas públicas.

Hasta el 31 de marzo pasado, las empresas que distribuyen la electricidad en hogares y comercios le debían $333,15 millones a la compañía del Estado que les paga a las generadoras, que producen la electricidad.

El quebranto no discrimina. Debe plata Edesur, que está controlada por Enel, una firma italiana que lidera esa actividad en el mundo ($71,75 millones), pero también Edenor, gestionada por el dueño de medios de comunicación Daniel Vila, su socio José Luis Manzano y el zar del cloro, Mauricio Filiberti, tres empresarios cercanos a la Casa Rosada.

Como a las eléctricas no les alcanza para cubrir sus propias facturas porque la tarifa que paga la población es menor al costo del servicio, dependen del dinero que les perdone el Estado para seguir funcionando.

Un europeo que condujo a una de estas empresas durante años lo resumió con lucidez: los dueños de Edenor y de Edesur son electricistas que trabajan para el Estado. El Gobierno les paga por dar un servicio, pero ellos no son los jefes del negocio. El empresario es el Estado y los empresarios, sus empleados.

Lo que a la distancia parece un desequilibrio es, en realidad, un mecanismo, porque la fórmula se repite. Las empresas que llevan el gas a hogares, industrias y comercios tienen la misma maldición que las eléctricas: no tienen el dinero suficiente para pagar por el producto que venden.

Registros del Ministerio de Economía muestran que Metrogas, Naturgy (exGasBAn) y Camuzzi, entre otras, le adeudaban hasta marzo pasado $50.254 millones a las empresas encargadas de buscar y producir gas en la Argentina. No les alcanza para pagar la cuenta porque venden el gas por debajo de lo que cuesta tenerlo debido a las tarifas que fija el Estado.

Una de las paradojas más grandes de la Argentina viaja por los cables de alta tensión. Eso se debe a que las propias compañías de electricidad no tienen dinero suficiente para pagar la luz. Edenor, gestionada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, cercanos a la Casa Rosada, tienen problemas similares al resto. (Bongiovanni / Massobrio / Marelli / LA NACION/)

Quizás en el caso anterior esté una parte de la respuesta a por qué en el subsuelo hay producto suficiente para venderle a Europa, como le contó Alberto Fernández a Pedro Sánchez (España), Emmanuel Macron (Francia) y Olaf Scholz (Alemania) en su última gira, pero no alcanza para los propios argentinos. El país deberá gastar U$S3000 millones adicionales este año para traer de afuera lo que sobra bajo tierra. Los dólares que reclama Cristina Kirchner se van por la puerta que abre la política económica del Frente de Todos.

Otra parte de la respuesta está en un manejo oficial sorprendente. El Gobierno pone plata para que las petroleras produzcan porque, de otra manera, no les convendría. Es algo que también ocurrió en la gestión de Mauricio Macri. En lo que va del año, el Tesoro les transfirió $18.056 millones en concepto de estímulos a empresas de anchas espaldas financieras. En la lista están YPF, Shell, Pampa Energía (Marcelo Mindlin), Pan American Energy (familia Bulgheroni) y Vista, fundada por Miguel Galuccio, expresidente de la petrolera estatal. Busca entusiasmarlas para invertir en un negocio que está entre los mejores del mundo tras la invasión de Rusia a Ucrania. Dicho de una manera descarnada: ¿qué tienen en común el piquetero Eduardo Belliboni y algunas de las empresas más importantes del país? Ambos reciben una transferencia o un subsidio del Estado.

Néstor Kirchner fue quien comenzó a escribir con la lapicera de la que habla la vicepresidenta. Desde la mirada del mundo privado, dibuja siempre la misma fórmula: un control sobre la actividad vertebrado en regulaciones, pero también en la sumisión que implica depender de la billetera del Estado para sobrevivir.

Los ejemplos anteriores llevan a una conclusión. El kirchnerismo es un entusiasta emprendedor de expediciones empresarias que conducen a fracasos costosos para la Argentina. Esas decisiones tienen efectos en el presente y amenazan con moldear negativamente el futuro de los próximos gobiernos.

Los pecados del pasado con el sector privado volvieron a acechar esta semana a la Argentina en la justicia norteamericana. Allí se tramitan algunas causas contra el país cuya definición podría ser escandalosa y reúne a su alrededor a nombres importantes que forman parte de la historia política de la vicepresidenta: Julio De Vido, Carlos Zannini, la familia Eskenazi y su alfil dilecto, Axel Kicillof.

Kicillof y Zannini fueron los autores intelectuales de la estatización del 51% de YPF, en 2012. Su presentación ante el Congreso de la Nación cuando era ministro de Economía es la principal prueba que tiene el megabufete Burford para litigar contra la Argentina. Sus abogados sostienen que el ingreso del Estado a la petrolera no cumplió con las pautas que fija su estatuto. No hay noticia allí: el propio Kicillof lo dijo con vehemencia militante frente a los legisladores. Youtube la inmortalizó en un link que forma parte del expediente.

Carlos Zannini y Axel Kicillof, en un plenario de comisiones del Senado, antes de que la Cámara alta diera media sanción al acuerdo con Repsol por YPF. El pasado los persigue en los tribunales norteamericanos. (Silvana Colombo/)

La Argentina puede tener que pagar, sin intereses, entre US$7000 y US$19.000 millones si pierde el pleito, según la escala que difundió Sebastián Maril, de Latam Advisors, una de las personas que siguió más de cerca el tema en el país, a partir de un informe presentado por los demandantes. En el peor de los casos, el ticket costaría un 43% de la plata que se le debe al FMI. Los abogados de YPF sostienen que esos números no tienen fundamento.

Cristina Kirchner compró la petrolera con la chequera popular de la soberanía energética, pero la pagó con deuda que hoy cuelga de los balances del Banco Central. Fue un pasamanos de un negocio inexplicable: la petrolera vale ahora un 12% de lo que costaba en aquellos años. El Estado podría comprarla dos veces y media con lo que le pagó a la española Repsol y la empresa celebra sus 100 años con cortes de ruta en todo el país por la falta de gasoil. En ese punto toma volumen un argumento similar al que planteaba del exministro de Energía, Juan José Aranguren: ¿la soberanía energética depende de tener una empresa pública o de contar con los dólares suficientes para asegurarse el combustible?

Loretta Preska es la jueza de Nueva York a cargo del tema. Es la heredera de Thomas Griesa, conocido en la Argentina por el fallo a favor de los holdouts, los denominados fondos buitre. Desde el jueves pasado, puede en cualquier momento dar a conocer un fallo que volverá a poner en la discusión pública viejos tropiezos kirchneristas.

Burford demanda al país con el nombre de la familia argentina Eskenazi, para quien trabajó en el pasado el presidente Alberto Fernández. En 2008, con la venia de Néstor Kirchner, los Eskenazi compraron una parte de YPF a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, con domicilio en España. Tras la estatización, cuatro años más tarde, les dejaron de pagar a los bancos y las dos firmas quebraron. Burford le compró la quiebra a la justicia española y desde allí litiga contra el país.

La estatización de YPF se hizo cuatro meses después de una reunión llena de desencuentros en la Quinta de Olivos entre Cristina Kirchner y Sebastián Eskenazi.

Cuando se dedicaba al lobby y cuestionaba a la vicepresidenta, Fernández fue generoso en críticas a la estatización. “Cuando se privatizó YPF, una ley estableció cómo se podían recuperar las acciones. Planteaba la posibilidad de hacer una oferta hostil a todos los accionistas. No quedarse con una parte de las acciones… ... No puede decir se van ustedes, y me quedo con las acciones de ustedes”, dijo. Es un argumento similar al que usan quienes quieren cobrarle la factura a la Argentina.

Preska puede pedir argumentos orales. Eso le abriría la puerta a una pelea cinematográfica: sería una disputa similar a la de Amber Heard y Johnny Depp, pero el lugar de las celebridades de Hollywood sería ocupado por funcionarios argentinos. Cualquiera sea el camino, el futuro es complejo según la evidencia del pasado. En 2019, el Estado fue condenado a pagar US$320 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Los miembros de La Cámpora que trabajan en YPF atravesaron la semana con los puños apretados, pero la terminaron con alivio. Pese a que el futuro es incierto, celebran que no hubo definiciones en el caso Maxus, otro juicio que pesa sobre la petrolera. Esperaban que les fuera mucho peor.

El exministro Hernán Lacunza profanó el altar sagrado del kirchnerismo: acusó a Cristina Kirchner de predicar el terraplanismo económico. (ALFIERI MAURO/)

La relación histórica del Frente de Todos con el sector privado tiene nueva vigencia. Alberto Fernández propuso estudiar el ingreso del Estado en Vicentin mediante la capitalización de la deuda del Banco Nación. Es algo similar a lo que hizo la Argentina con Impsa, la compañía de la familia Pescarmona.

Tener una compañía testigo en el mercado de alimentos es una tentación irresistible para el kirchnerismo. Forma parte de su ideario, donde la inflación proviene de la especulación empresaria antes que, del déficit fiscal, como sostuvo la vicepresidenta el lunes pasado en un acto de la CTA. El exministro Hernán Lacunza profanó ese altar sagrado con otro credo: acusó a Cristina Kirchner de predicar el terraplanismo económico.

Más allá de las disputas políticas, es improbable que la idea de Alberto Fernández, si se concreta el ingreso a la empresa, cumpla su objetivo. Sería extraño que de los creadores de petroleras que no tienen gasoil, eléctricas que no pueden pagar la luz y perdedores seriales de juicios, surgiera el rescate de una firma en bancarrota para revolucionar el mercado en el que se destacan exitosamente muchas otras compañías argentinas.