Dos hombres de Miami condenados por una estafa de $1,400 millones a hospitales rurales

Dos hombres de Miami fueron condenados el lunes por estafar $1,400 millones a pacientes vulnerables que recibían tratamiento contra la adicción, a hospitales rurales y compañías de seguro, en una estafa que abarcó la Florida, Georgia y Missouri, según las autoridades.

Jorge Pérez, de 62 años, y Ricardo Pérez, de 59, fueron declarados culpables de confabulación para cometer fraude de salud y electrónico, de cinco cargos de fraude de salud y de confabulación para lavar dinero por valor de más de $10,000. La fecha de la sentencia de la pareja —que podría pasar las próximas décadas en prisión— no se dio a conocer inmediatamente.

Los hombres tomaron como objetivo a hospitales rurales en dificultades financieras a través de acuerdos de gestión y compras, que proporcionaban tasas de reembolso más altas para las pruebas de laboratorio entre 2015 y 2018, dijo el lunes el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. Las tasas más altas, según el Departamento, son una característica común de los contratos de los hospitales rurales creados para garantizar que puedan “proporcionar a las comunidades rurales una atención muy necesaria”.

Prometieron salvar a los hospitales rurales del cierre convirtiéndolos en centros de pruebas de laboratorio, pero en su lugar facturaron a las compañías de seguro médico pruebas de laboratorio fraudulentas por valor de cientos de millones de dólares en una sofisticada trama de facturación que duró años. La trama hacía parecer que los propios hospitales rurales realizaban las pruebas de laboratorio cuando, en la mayoría de los casos, las realizaban laboratorios controlados por otros, añadió el Departamento.

Según los investigadores, gran parte de las pruebas de laboratorio facturadas a través de estos hospitales rurales consistían en análisis de orina innecesarios para pacientes vulnerables que recibían tratamiento contra la adicción, a menudo obtenidos a través de sobornos pagados a reclutadores y proveedores, con frecuencia en hogares de sobriedad o centros de tratamiento de abuso de sustancias.

Después de que las compañías de seguros privadas empezaran a cuestionar su facturación, se trasladaban a otro hospital rural, dejando al que tomaban en la misma o peor situación financiera que antes. Tres de cada cuatro hospitales rurales cerraron poco después, según el departamento.

Dos de los cuatro hospitales rurales implicados en este caso estaban en la Florida: Campbellton-Graceville Hospital en Graceville y Regional General Hospital of Williston en Williston. Los otros dos eran el Chestatee Regional Hospital de Georgia y el Putnam County Memorial Hospital de Missouri.

Roger Handberg, fiscal federal del Distrito Medio de la Florida, dijo en el comunicado que Jorge Pérez y Ricardo Pérez estafaron a “instalaciones médicas en dificultades” en múltiples estados y defraudaron a aseguradoras privadas.

“Estos acusados se aprovecharon y explotaron a los vulnerables –hospitales vulnerables, comunidades desatendidas vulnerables y pacientes vulnerables que buscaban tratamiento para la adicción– para llenarse los bolsillos”, dijo el procurador general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia.

“El FBI y nuestros colaboradores en la aplicación de la ley se dedican a proteger el sistema de atención a la salud y a acabar con las tramas de facturación fraudulenta”, dijo el director adjunto de la División de Investigaciones Penales del FBI, Luis Quesada.