Los indígenas brasileños se organizan políticamente en busca de la representación parlamentaria

Cerca de 156 millones de electores brasileños están llamados a las urnas para renovar el Congreso y el Senado de Brasil, además de escoger al nuevo presidente de la República. Será el próximo 2 de octubre. Por primera vez, hay un número récord de candidatos indígenas. Son 186 y representan a muchas de las 256 etnias que viven en Brasil.

El objetivo para la próxima legislatura es crear un grupo parlamentario que pueda defender desde Brasilia los intereses de los indígenas, que denuncian ataques sistemáticos por parte del actual mandatario. En 2021, Jair Bolsonaro incluso fue acusado de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya por un grupo de indígenas, liderados por el abogado Luiz Henrique Eloy Terena.

En la actualidad, en el Congreso solo hay una diputada indígena. Se llama Joênia Wapichana y en 2018 recibió 8.491 votos. Originaria del Estado de Roraima, fue la primera mujer indígena licenciada en Derecho en Brasil, en 1997. Hace cuatro años, otra indígena disputó la vicepresidencia de la República brasileña. Sonia Guajajarase presentó al lado del izquierdista Guilherme Boulos, pero juntos obtuvieron menos del 1% de los votos.

Este año Sonia, que ha sido incluida por la revista estadounidense Time en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, pretende conquistar uno de los 513 escaños de la Cámara Baja. Se presenta en São Paulo, la capital económica de Brasil, que es también el cuarto municipio con la mayor población indígena del país. Allí viven 13.000 de los cerca de 900.000 nativos que habitan este extenso país.

“Para nosotros no importa la cantidad de candidatos que se ha registrado para las elecciones. Lo que queremos es calidad y representantes que puedan realmente ser elegidos. Es importante tener candidaturas viables en todos los Estados federados y que tengan consenso, para que podamos aumentar nuestra representatividad”, asegura Sonia, que pertenece a la etnia Guajajara del Estado de Maranhão.

Desde la capital, esta mujer pretende luchar para la demarcación de las tierras indígenas, un procedimiento de reparación histórica que fue interrumpido por Bolsonaro para agradar al lobby agrario. Además, quiere impulsar la creación de un ministerio indígena y el nombramiento de un indígena para la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), el órgano creado para velar por los derechos de los pueblos originarios. Hoy es blanco de críticas por su inoperatividad.

Las elecciones de este año también están marcadas por otro dato destacado. Por primera vez, el número de candidatos afro supera al de los blancos, en un país donde el 54% de la población se define como afrodescendiente. Concretamente, hay 4.135 candidatos negros y 10.575 afrodescendientes, según datos del Tribunal Superior Electoral. En total, suman 14.710 candidaturas, frente a las 14.103 de los blancos. Pequeños partidos de izquierda encabezan el ranking de candidatos afro, como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Comunista de Brasil y el Partido de la Mujer Brasileña.

Renata Souza es actualmente diputada en el Parlamento de Río de Janeiro por el PSOL e intenta renovar su mandato. Creció en una favela de Río de Janeiro y consiguió estudiar periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, una de las mejores de la ciudad, gracias a una beca integral. Hoy es una reconocida defensora de los derechos humanos.

Inició su carrera política junto a la concejala negra Marielle Franco, brutalmente ejecutada en 2018. Aquel mismo año, Renata fue la diputada más votada en Río de Janeiro. Considerada inicialmente la heredera natural de Marielle, hoy ha conquistado un papel independiente en el espectro político gracias a sus acciones enérgicas desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj). En mayo de 2019, denunció ante las Naciones Unidas al ex gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel por las mortíferas operaciones policiales realizadas en favelas con el uso de helicópteros como plataformas de tiro.

Esta política de 40 años atribuye el aumento del número de candidatos afro a un nuevo sistema de cuotas impuesto a los partidos por una ley, que obliga a destinar parte de los fondos concedidos por el Estado a candidatas mujeres (nunca menos del 30%) y a candidatos negros. “Este fue un cambio significativo para que las personas negras pudiesen presentar sus candidaturas”, explica Renata.

Sin embargo, ninguno de los 10 principales partidos de Brasil ha asignado en la totalidad los fondos establecidos por la Justicia Electoral para afros y mujeres, incumpliendo la ley. Aún así, este año el número de candidatas aumentó: representan el 34% del total. “Todavía es muy poco. Solo tenemos un 15% de diputadas en el Congreso Nacional, mientras que en los países de América Latina y del Caribe este porcentaje llega al 29% o al 30%. O sea, Brasil todavía está muy atrasado en cuanto a la representatividad de mujeres, en especial negras”, señala esta diputada.

Con un 51% de mujeres, Brasil ocupa la posición 145 de un ranking de 187 países sobre representación femenina en la política. Todavía queda un largo camino hacia la paridad.