Investigación de Ayotzinapa estaría siendo obstruida por Fiscalía y Ejército

Según el GIEI, las investigaciones para dar con los responsables de la desaparición hace ocho años de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero en México, podría estar siendo obstruida por la Fiscalía General de la República y por el Ejército. Además acusó a este último de haber interceptado, con el software de interceptaciones Pegasus, a las autoridades, familiares y miembros del cartel Guerreros Unidos, mientras ocurrían las desapariciones.

El Ejército de México y la Fiscalía estarían obstruyendo la investigación del caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron hace ocho años. La denuncia fue puesta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

EL GIEI, que termina su labor este 30 de septiembre y que pidió una prórroga para seguir investigando, lamentó la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien tomó la decisión de retirarse tras ser canceladas, sin previo aviso por parte de la Fiscalía General, 21 órdenes de captura. De estas 16 eran de militares.

La abogada, Claudia Paz, quien pertenece al GIEI dijo que “no es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho".

El GIEI ofreció una conferencia de prensa en donde también participó Ángela Buitrago, quien denunció que en la Fiscalía General sí “se han tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.

Francisco Cox, del GIEI, aseguró que "desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, además acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de "romper" el acuerdo que había con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), vigente desde 2019.

La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció este 18 de agosto que la desaparición de los 43 fue un "crimen de Estado", donde participaron militares, policías y autoridades civiles que habrían ayudado con el encubrimiento.

La Comisión da por muertos a los estudiantes desaparecidos. En marzo el GIEI había revelado una investigación donde acusó al Ejército de interceptar a los familiares de las víctimas, el cartel Guerreros Unidos y a las autoridades, mientras ocurrían los crímenes.

También el GIEI reconoció que a pesar de los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador de ordenar la revisión de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas han mostrado resistencia.

Buitrago puso en evidencia que “las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular”.

Según dice Paz, las interceptaciones del Ejército "muestran una relación cercana de la organización criminal (Guerreros Unidos) con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado".

Vivos se los llevaron, vivos los queremos

El GIEI rechaza de manera categórica la versión de la “verdad histórica” que hizo el expresidente Enrique Peña Nieta, que decía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, quienes se encargaron de asesinarlos e incinerarlos.

La Comisión de la Verdad en su informe afirma que fue imposible que los hayan quemado en un basurero como dice la “verdad histórica” y que es posible que varios de los estudiantes hubieran estado vivos varios días tras su desaparición.

Con EFE