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Los jóvenes no piden ayuda psicológica por su elevado coste y por vergüenza

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La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad y sabemos que en su devenir influyen factores biológicos, psicológicos y contextuales. Elementos, todos ellos, que se han visto fuertemente afectados por la pandemia de la Covid-19, que ha visibilizado en el debate público una vertiente de la salud poco entendida y atendida: la salud mental que, según la previsión de la OMS, provocará algún problema en aproximadamente un 25 % de la población mundial.

Afrontar las diferentes etapas de restricciones de movilidad ligadas a los confinamientos y desconfinamientos, la incertidumbre que ha supuesto este periodo, el cambio de hábitos o la destrucción de empleo experimentada en 2020 han intensificado las dolencias relacionadas con la salud mental de toda la población.

A su vez, se han extendido los discursos que abordan esta problemática en diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo la arena política. Prueba de ello es la actual Proposición de Ley General de Salud Mental española (Congreso de los Diputados, septiembre 2021), que aboga por la promoción de la salud mental desde políticas públicas integrales que erradiquen la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales; políticas que sean capaces de avanzar en la prevención, promoción y la atención, atajando, así mismo, los prejuicios, la discriminación y el estigma asociado a la salud mental.

El preámbulo reconoce que España cuenta con una atención fragmentada, insuficiente, biologicista y centrada en la reducción sintomatológica. También que uno de sus principales problemas tiene que ver con la inaccesibilidad, real y percibida, al servicio público de salud, lo que genera una desigualdad por motivos económicos que excluye a las personas sin recursos de la posibilidad de ser atendidas por profesionales de la salud mental.

El impacto de la pobreza y el estigma

En este texto nos queremos centrar específicamente en ese aspecto, el de la desigualdad generada por motivos económicos a la hora de afrontar los problemas de salud mental entre la población joven.

En el último Barómetro Juvenil 2021. Salud y bienestar publicado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad algunos datos nos permiten profundizar en esta realidad.

Más de la mitad de jóvenes (el 56,4 %) cree haber sufrido problemas de salud mental en los últimos 12 meses, y casi la mitad (un 49 %) no pidió ayuda profesional. Las razones esgrimidas son el coste de la atención profesional, en primer lugar, y especialmente entre las mujeres (44,8 %) frente a los hombres (27,5 %), seguida de otras razones que tienen que ver más con la subestimación del problema, las resistencias a compartir ese problema con su entorno y el estigma, que sigue generando sensaciones de vergüenza a la hora de abordarlo.

El hecho de que el principal motivo que impide a los y a las jóvenes buscar ayuda profesional cuando sienten malestares psicológicos sea el económico resulta sumamente preocupante, especialmente teniendo en cuenta la dificultad y limitaciones que muestran a la hora de expresar este tipo de problemáticas en su entorno.

El 36,6 % de chicos y chicas que afirman sentir malestares psicológicos no buscaron ayuda en su círculo más cercano. Si revisamos la serie entre 2019 y 2021, en líneas generales, sabemos que ha aumentado el nivel de estrés de los y las jóvenes en todos los indicadores considerados en el barómetro –siendo especialmente relevante el crecimiento del estrés vinculado al empleo (del 46,8 % al 63 %) y a la salud física y mental (del 28,6 % al 45,8 %)–. Sin embargo, uno de cada cinco (20,5 %) no comparte esta realidad con nadie y trata de evitar que otras personas sepan que tiene algún problema.

La vulnerabilidad juvenil

Los datos muestran que la percepción que los y las jóvenes españolas tienen de su salud, tanto física como mental, es peor que la que tenían hace cinco años cuando empezamos a realizar este estudio y que, desde 2019, el deterioro es más acusado y evidente. Si a esto le sumamos los indicadores sobre pobreza y exclusión en estas franjas de edad, estamos ante un grupo social en especial situación de vulnerabilidad.

Da buena cuenta de ello el último informe de la Fundación FOESSA y Cáritas, Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, que cifra en 2,7 millones la población joven entre 16 y 34 años afectada por procesos de exclusión social intensa y multidimensional, población que está tres veces más representada en la tasa de exclusión que la mayor de 65 años.

Existen múltiples factores que inciden sobre las respuestas a problemas de salud mental. El estigma y el tabú siguen teniendo un claro impacto en el modo en el que las personas afrontan sus malestares. No obstante, poner el foco sobre la variable económica tiene una importancia fundamental. La pobreza es el origen de buena parte de los malestares experimentados y también limita el acceso a ayuda y apoyos para enfrentarlos.

Ante esta situación, resulta imprescindible insistir en el acceso garantizado a ayuda profesional para gestionar la salud mental desde el sector público, incrementando la inversión y fomentando el conocimiento sobre los recursos existentes. Y hay que hacerlo a partir de protocolos ajustados que tengan en cuenta diferentes realidades y especificidades de la población más joven para poder atender de forma temprana, eficaz y cercana a esta población que se muestra especialmente vulnerable.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud recibe fondos de Fundación Mutua Madrileña para la realización de esta investigación.

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud recibe fondos de Fundación Mutua Madrileña para la realización de esta investigación