Yahoo Estilo Juicio por la expropiación de YPF: unas 100 empresas argentinas presentaron un escrito en la corte de Nueva York en apoyo a la petrolera
La Cámara de Sociedades argentina, que está integrada por unas 100 empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se involucró en el juicio por la expropiación de YPF que se lleva adelante en Nueva York, al presentar un escrito amicus curiae (amigo de la corte, en latín) de 12 páginas en apoyo a la petrolera. Se trata de una sociedad que agrupa, entre otras empresas, a IRSA, Banco Macro, Grupo Galicia, Pampa Energía, Cablevisión, Edenor, Ternium y Supervielle.
En la presentación, la cámara dijo a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del caso, que si rechaza el pedido de YPF de sentencia sumaria, las empresas también se verán perjudicadas. En concreto, advierte que, en caso de que la petrolera sea encontrada culpable, se habrá sentado una jurisprudencia y eso generará mayores costos legales de representación para el resto de las compañías, porque los acreedores y accionistas asumirán que cualquier iniciativa legal iniciada por motivos similares a las acusaciones contra YPF tendrán pocas chances de éxito.
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Asimismo, indicó que el acceso al mercado de capitales estadounidense también será muy limitado por el contenido del fallo de la jueza, según explicó el economista Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y quien sigue de cerca todos los juicios contra la Argentina. Varias de las empresas que integran la Cámara de Sociedades, sin embargo, desconocían la existencia de este escrito y se enteraron luego de que se publicara en LA NACION.
Los fondos de inversión Burford Capital y Eton Capital demandaron a la Argentina y a YPF por la estatización del 51% de las acciones, ocurrida en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta y el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, era el ministro de Economía.
El Estado argentino e YPF tienen acusaciones diferentes, y, por lo tanto, utilizan distintos abogados con estrategias de defensa disímiles. A la Argentina la acusan de haber expropiado el 51% de las acciones y no haber llamado a una oferta pública (OPA) para adquirir el resto de la compañía, como estaba obligada, según el estatuto de la compañía, lo que generó un perjuicio al resto de los accionistas. A YPF, en tanto, la acusan de no haber obligado al Estado argentino, como nuevo accionista, de hacer cumplir su estatuto.
“La jueza Preska suspende la aprobación de amicus curiae y da tiempo hasta el próximo 16/8 para que las partes presenten más información en su corte. Temprano esta mañana había aceptado el escrito, pero Petersen y Eton se opusieron. No habrá fallo hasta al menos el 17/8”, dijo Maril.
El economista señala que “este amicus curiae es una respuesta a lo que dijeron antes Eton y Burford en sus escritos un mes atrás, que si Preska falla a favor de YPF y de la Argentina, mandará un mensaje al mercado financiero internacional de que cualquier Estado soberano puede expropiar una empresa que cotiza en Nueva York sin ningún tipo de consecuencias; cualquier empresa que quiere cotizar en Estados Unidos tiene que cumplir las mismas reglas que cumplen las empresas estadounidenses”.
En este sentido es que la cámara de empresas argentinas respondió a ese argumento a través de amicus curiae, en defensa de YPF, pero sin mencionar al Estado argentino.
“La reputación de la jueza está en juego. Ella ya dijo que usará la interpretación de las leyes argentinas para fallar. Lo que está en juego es la interpretación correcta de esas leyes. Si falla a favor de YPF y de la Argentina, lo que dicen los demandantes es que cualquier Estado puede expropiar una empresa que cotiza en Nueva York sin consecuencias. En el escrito que presentaron utilizaron argumentos”, dice Maril.
La demanda contra YPF y la Argentina se presentó ante el juzgado de Nueva York, en 2015, por el fondo Burford Capital, luego de haber adquirido el derecho a litigar a la justicia española en la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia Eskenazi, a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio. La causa se basa en la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol.
La familia Eskenazi, cercana en su momento al expresidente Néstor Kirchner, dice que ya no tiene relación con las empresas Petersen y que el acuerdo que realizó Burford es con la justicia española, donde se realizó la quiebra, ya que habían sido creadas en ese país.
La estatización, dice la demanda, perjudicó a las empresas Petersen, quienes habían adquirido el 25% de las acciones de YPF gracias a un préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades, que en la época en la que Repsol tenía el control eran bastante elevados.
Como al mismo tiempo avanzaba una demanda similar del fondo Eton Capital, la jueza Preska decidió unificar ambos casos.
El juicio podría costarle al país entre US$3500 millones y US$5200 millones, según informó YPF en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Si bien los abogados de YPF indicaron que la petrolera no debería “hacerse cargo de reparar ningún daño”, hizo público cuánto creen que deberán pagar según el informe de daños que hicieron Petersen y Eton Park, los “demandantes”.
