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Legislatura convocó a período especial para mantener estatus especial de Disney pero crear una junta de supervisión

Después de meses de intriga, los legisladores de la Florida se reunirán en un período especial de sesiones esta semana para estudiar un plan que eche atrás su decisión de eliminar el distrito fiscal especial de Walt Disney World y en su lugar implemente una junta estatal que lo supervise.

Si se aprueba, la disputa resolverá un asunto que ha dejado al estado vulnerable a una demanda y a Disney en peligro de perder los privilegios especiales de gobierno que ha tenido durante 55 años.

Según dos memorandos enviados el viernes por la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, y el presidente de la Cámara, Paul Renner, los legisladores se reunirán a partir del lunes, cuando se abordará la cuestión de Disney, así como otros asuntos relacionados con la solución de problemas con las leyes estatales relativas a la reubicación de inmigrantes, los deportistas universitarios y la clarificación del papel del estado en el control del fraude electoral. Los legisladores también abordarán la recuperación luego del huracán y dos distritos locales de control de aguas.

No está claro cómo funcionaría una junta de supervisión dirigida por el estado y qué tipo de control financiero tendría sobre la operación dirigida por Disney. La legislación propuesta no se había hecho pública el viernes.

El distrito ha sido el órgano de gobierno de Walt Disney World Resort desde que fue creado por los legisladores estatales en 1967. Tiene la capacidad de gravarse a sí mismo a una tasa impositiva que es más alta que la permitida por el condado y las ciudades de la región; asimismo, ha financiado su carga de la deuda y el mantenimiento de altos estándares para los servicios en la propiedad que se extiende sobre dos condados.

Enfrentar la deuda de $1,000 millones de Reedy Creek

El jueves Ron DeSantis presagió que los legisladores se reunirán para “asegurar que Disney ya no tiene estatus de autogobierno”. Los legisladores aprobaron el año pasado una ley que disuelve el Distrito de Mejora de Reedy Creek, efectiva en junio de 2023.

Pero durante meses, DeSantis se negó a revelar detalles sobre cómo el estado manejaría los casi $1,000 millones de deuda de Disney, que recaerá sobre los habitantes de los condados Orange y Osceola si la capacidad de Disney para gravarse impuestos se elimina con la ley. El gobernador solo dijo que la carga no recaería en los contribuyentes.

DeSantis dijo en abril pasado, después que firmó la ley, que el plan de “abolir” el distrito no tenía la intención de “causar ningún aumento de impuestos para los habitantes de cualquier área de la Florida”

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La señal afuera del edificio de la oficina administrativa del Distrito de Mejora de Reedy Creek (RCID) se ve en Walt Disney World en Lake Buena Vista, el día después de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmara un proyecto de ley disolviendo el distrito de propósito especial del parque temático. RCID fue creado por ley estatal en mayo de 1967 para otorgarle a Walt Disney Company el control gubernamental sobre los terrenos de sus parques temáticos del centro de la Florida y sus alrededores. (Foto de Paul Hennessy/SOPA Images/Sipa USA/Sipa vía AP Images).

Los legisladores se reunirán en un período de sesiones ordinarias en marzo, pero al aislar la legislación de Disney a un período de sesiones especial esta semana, el gobernador puede evitar que los legisladores usen una votación sobre el tema como palanca sobre otros temas, como el presupuesto o las votaciones sobre otros temas controversiales.

La republicana Anna Eskmani, demócrata de Orlando, dijo que el objetivo del período extraordinario de sesiones “es evitar tanta atención pública como sea posible, mientras que también la reanudación de las contribuciones políticas de Disney antes que comience el período de sesiones y garantizar Disney es silenciado como más ataques contra la comunidad LGBTQ+”.

“Sobre la base de lo que hemos escuchado sobre este proyecto de ley, es probable que Disney consiga lo que quieren, pero un gobernador de la junta nombrado asegurará la eliminación de sus derechos de la Primera Enmienda”, dijo.

Añadió que los republicanos habían dejado claro que si Disney se ajustaba a las exigencias legislativas “las cosas volverían a la normalidad”.

Eso se traduce en que “nunca desafiarían a la Legislatura” y “volverían a beneficiarse de la estructura de Reedy Creek’‘, dijo.

DeSantis y Disney se enfrentaron por el proyecto de ley ‘No digas gay’

La polémica se desató la pasada primavera, cuando Disney se opuso públicamente a la legislación de la Florida sobre Derechos de los Padres en la Educación, conocida por los críticos como el proyecto de ley “No digas gay”, que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género en los cursos de preescolar a tercer grados y en cursos superiores cuando se considerara “no apropiado para la edad”.

Cuando la empresa no presionó públicamente contra la medida, algunos empleados se manifestaron frente a la sede de Disney en California en señal de protesta y otros exhortaron a los ejecutivos a unirse a otras empresas y condenar a DeSantis, quien firmó la ley.

Después que Disney publicó una declaración en marzo exigiendo la derogación de la ley, DeSantis tomó represalias ampliando el orden del día de un período especial de sesiones sobre la modificación redistribución de distritos para incluir la eliminación del distrito fiscal especial de Disney.

Una oscura disposición en la ley estatal indica que el estado no podría disolver el distrito sino hasta que su deuda de bonos fuera pagada. Disney envió entonces discretamente una nota a sus inversionistas, para mostrar que confiaba en que el intento de la Legislatura de disolver el distrito fiscal especial violaba la “promesa” que el estado hizo cuando promulgó el distrito en 1967 y por lo tanto no era legal.

El resultado, dijo Reedy Creek a sus inversionistas, es que seguiría operando como de costumbre. La declaración es la única pública que Disney ha proporcionado.

Después de que el gobernador firmó la derogación de Reedy Creek en la ley en abril, su oficina emitió un comunicado indicando que más detalles estaban por venir.

”En el futuro próximo vamos a proponer legislación adicional para autorizar distritos especiales adicionales de una manera que garantice la transparencia y la igualdad de condiciones en virtud de la ley”, señalaba la declaración.

Sin embargo, durante nueve meses, tanto el gobernador como la Legislatura han guardado silencio en cuanto a la propuesta de resoluciones.

Randy Fine, republicano de Palm Bay, dijo en diciembre que los legisladores estaban considerando opciones para permitir que los nuevos distritos fiscales para hacerse cargo de la deuda y la autoridad fiscal ahora en poder de Reedy Creek. Otra opción en estudio era reconstituir Reedy Creek, pero eliminar su poder único para hacerse cargo de la propiedad privada en virtud de las leyes de dominio eminente y emitir bonos respaldados por el gobierno.

Tres habitantes de Orlando, quienes viven cerca del parque Walt Disney World, demandó al estado después que aprobó la ley a instancias de DeSantis.

La decisión de Disney de sustituir a Bob Chapek por Bob Iger en noviembre “fue una buena señal’‘ de que la compañía estaba dispuesta a modificar su postura, dijo Fine.

El senador Jason Pizzo, demócrata de Miami Beach, dijo que el cambio de postura del gobernador en este asunto es una señal de que los donantes corporativos que apoyan a DeSantis piensan que ha ido demasiado lejos.

Por ejemplo, Ken Griffin, el multimillonario inversor y DeSantis megadonante le dijo a la Conferencia Global anual del Milken Institute el año pasado “No me gusta que el gobernador DeSantis persiga la situación fiscal de Disney. Puede retratarse, sentirse o parecer una represalia”.

“Se excedió”, dijo Pizzo. “A muchos de sus grandes donantes ricos les gustaba DeSantis en el último par de años, porque pensaban que era maleable, que no tiene experiencia en los negocios y que era alguien que podría moldear en su propia forma, pero entonces va y se mete con el mayor socio corporativo en el estado”.