La ley de Texas que regula el aborto complica el tratamiento de embarazos de riesgo

·7  min de lectura
Crescenda Uhles, asesora genética en Dallas, el 11 de noviembre de 2021. (Ilana Panich-Linsman/The New York Times).
Crescenda Uhles, asesora genética en Dallas, el 11 de noviembre de 2021. (Ilana Panich-Linsman/The New York Times).

Unas pocas semanas después de que Texas adoptó la ley de aborto más restrictiva de la nación, la doctora Andrea Palmer tuvo que darle la terrible noticia a una paciente en Fort Worth que iba a la mitad de su embarazo.

El feto tenía un defecto inusual en el tubo neural. El cerebro no se desarrollaría y el bebé moriría al nacer o poco después. Llevar el embarazo a término sería extenuante a nivel emocional y aumentaría el riesgo para la madre de sufrir coágulos de sangre y sangrado profuso después del parto, advirtió la doctora.

Sin embargo, la paciente ya había pasado su sexta semana de gestación, y conforme a la nueva ley, un aborto no era una opción en Texas, ya que la mujer no enfrentaba una crisis médica inmediata que pusiera en peligro su vida ni un riesgo de discapacidad permanente.

“Así que las vemos como una bomba de tiempo y esperamos a que surjan las complicaciones”, dijo Palmer sobre sus pacientes.

En este caso, la mujer tenía los medios para viajar y se practicó un aborto en otro estado, una opción que no está disponible para muchas mujeres de clase trabajadora y bajos ingresos.

La nueva disposición de Texas se diseñó para imponer límites estrictos al aborto. No obstante, también está afectando a mujeres que no quieren interrumpir sus embarazos, pero que enfrentan riesgos médicos en el proceso. Muchos médicos dicen que no pueden recomendar el procedimiento como una opción sino hasta que la condición de la paciente empeora y su vida está en riesgo.

El aborto después de las seis semanas de gestación se permite en Texas solo cuando una mujer enfrenta una emergencia médica incapacitante o de vida o muerte en relación con su embarazo. La ley no hace excepciones para los embarazos inviables en los que el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.

Ghazaleh Moayedi, obstetra/ginecóloga y prestadora de servicios de aborto en Texas, en Dallas, el 12 de noviembre de 2021. (Nitashia Johnson/The New York Times).
Ghazaleh Moayedi, obstetra/ginecóloga y prestadora de servicios de aborto en Texas, en Dallas, el 12 de noviembre de 2021. (Nitashia Johnson/The New York Times).

La ley otorga facultades a ciudadanos particulares —incluso a personas que no tienen ninguna conexión con la paciente, el médico ni el centro de salud— para demandar a cualquiera que realice un aborto mientras se puede detectar actividad cardiaca en el embrión. Esto puede ocurrir desde las primeras dos semanas de no haber tenido un periodo menstrual, cuando la mayoría de las mujeres todavía no saben que están embarazadas.

Cualquiera que “ayude o apoye” el procedimiento también puede ser demandado, y la ley promete conceder a los demandantes 10.000 dólares y honorarios legales si ganan la demanda.

Se espera que la Corte Suprema pronto emita un fallo sobre si los prestadores de servicios de aborto y el gobierno de Joe Biden pueden o no disputar la ley a pesar de su estructura novedosa. En septiembre, los jueces rechazaron una solicitud de emergencia para bloquear la ley.

Muchos médicos afirman que no pueden intervenir en embarazos complicados que tal vez no suponen una amenaza inmediata para la paciente, pero que pueden salirse de control de un momento a otro. Algunos dudan en recomendar la opción de interrumpir el embarazo a las pacientes o referirlas a médicos en otros estados, por temor a que su recomendación se interprete como apoyo a un aborto.

Los partidarios de la ley sostienen que su objetivo es salvar la vida de todos los embriones, sin importar las circunstancias en las que se concibieron.

“Jamás abogamos por quitarle la vida a un niño nonato a menos que sea necesario para proteger la vida de una mujer”, declaró Joe Pojman, director ejecutivo de la Alianza de Texas para la Vida.

Incluso en casos de violación o incesto, “no abogamos por quitarle la vida a un niño nonato por el delito del padre”, afirmó.

Los defensores de la ley señalan que esta ofrece un margen suficiente para que los médicos tomen medidas si la vida o las funciones corporales de la madre están en peligro, e insisten en que esos casos son muy poco comunes.

Ingrid Skop, obstetra en San Antonio que pertenece a la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos Provida (AAPLOG, por su sigla), dijo que incluso una niña de tan solo 9 o 10 años, que haya quedado embarazada de un padre o un hermano, podría llevar su embarazo a término sin riesgos a su salud.

“Si está en una etapa de desarrollo suficientemente avanzada como para menstruar y embarazarse, y ya alcanzó la madurez sexual, puede dar a luz a un bebé sin riesgo alguno”, comentó Skop.

Sin embargo, hay estudios que muestran que las adolescentes embarazadas son más propensas que las mujeres mayores a desarrollar un padecimiento peligroso llamado preeclampsia, y es más probable que tengan partos prematuros, bebés pequeños y mortinatos. Las víctimas de violación muy jóvenes suelen tardar en solicitar atención prenatal, y es más probable que tengan bebés pequeños con malos resultados en las pruebas de frecuencia cardiaca y tono muscular que se realizan inmediatamente después del parto.

En cuanto a las complicaciones relacionadas con el embarazo para mujeres de cualquier edad, Skop dijo que la nueva ley les permite a los médicos actuar cuando es necesario y justificar sus tratamientos ante el tribunal, si los demandan.

“Es engañoso afirmar que esta ley les impide a los obstetras seguir el estándar de atención médica”, sostuvo.

Muchos médicos no están de acuerdo, pues dicen que la ley puede alterar el tratamiento para las mujeres embarazadas que tienen problemas subyacentes de salud que no amenazan su vida de manera inmediata, como la hipertensión pulmonar o ciertos tipos de cáncer.

“Es una de las invasiones más atroces de la relación médico-paciente que hemos visto”, afirmó Rick Snyder, cardiólogo de Dallas y presidente del consejo directivo de la Asociación Médica de Texas.

La ley de Texas, también llamada proyecto de ley 8 del Senado, hace una excepción para la interrupción del embarazo en “una emergencia médica”, que se define en el código sanitario del estado como “un padecimiento físico que amenaza la vida” causado o agravado por el embarazo que “supone para la mujer un peligro de muerte o un alto riesgo de menoscabo considerable a una de las principales funciones corporales”.

No obstante, estas determinaciones se basan en el criterio profesional y algunos médicos de Texas temen que estas opiniones se cuestionen en un tribunal. “Lo que representa una emergencia para una persona, tal vez no lo sea para otra”, explicó Robert Carpenter Jr., obstetra en Houston.

Los embarazos pueden complicarse por cualquier variedad de padecimientos médicos. Por ejemplo, el Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón aconsejan a las mujeres que padecen ciertas afecciones cardiacas congénitas evitar el embarazo por completo, pues corren un mayor riesgo de enfermarse o morir poco después de dar a luz.

Las asociaciones afirman que estas mujeres deberían tener la opción de interrumpir el embarazo si llegan a concebir. Para los médicos que atienden a este tipo de pacientes, la ley de Texas “crea un problema bastante espinoso”, mencionó Snyder.

“Si le proporciono a mi paciente la atención médica estándar, me podrían demandar por ayudar o apoyar”, comentó. “Si no le proporciono a mi paciente la atención, a la cual tiene derecho, me podrían demandar”.

Palmer, la obstetra de Fort Worth, relató que una de sus pacientes estaba intentando quedar embarazada después de que la nueva ley entró en vigor y tenía relaciones sexuales consensuadas con su pareja.

Unos días después, fue violada. Se hizo una prueba de embarazo poco después de que no le vino la menstruación y se enteró de que había concebido. Pero no sabía quién era el padre biológico.

Lo más pronto que podía realizarse una prueba genética era a las siete semanas, narró Palmer, así que la paciente decidió interrumpir su embarazo antes de que se cumplieran las seis semanas de gestación, en Texas. Sabía que no tenía la flexibilidad de viajar fuera del estado para realizarse un aborto después.

Al igual que otros médicos, Palmer dijo que no estaba segura si informarle a esa paciente de todas sus opciones, incluida la interrupción del embarazo fuera de Texas, se habría considerado “ayudar o apoyar”.

“La ley es rebuscada pero, a fin de cuentas, yo voy a seguir dándoles a mis pacientes la información que necesitan”, concluyó.

© 2021 The New York Times Company

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.