La minería informal se duplica en una década en la Amazonía brasileña

Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- La minería informal se duplicó en la Amazonía brasileña en la última década y bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro se ha intensificado especialmente en reservas indígenas y ambientales, según un estudio divulgado este martes.

El área explotada por la minería informal en la selva tropical más extensa del planeta subió de 82.700 hectáreas en 2010, a 179.913 hectáreas en 2021; pero en los territorios indígenas, donde cualquier tipo de actividad minera es ilegal, se multiplicó más de seis veces en el mismo período, pasando de 3.136 a 19.605 hectáreas.

La mayor expansión de la minería en reservas indígenas se produjo precisamente en los tres últimos años del estudio, entre 2019 y 2021, en la gestión de Bolsonaro, cuando la actividad minera aumentó un 53,8 % en las tierras de los pueblos originarios.

Los datos corresponden a la red Mapbiomas, una iniciativa en la que participan varias ONG, universidades y empresas de tecnología para mapear el uso del suelo en Brasil con datos por satélite.

RESERVAS INDÍGENAS, LAS MÁS AFECTADAS

Según la red, las reservas indígenas más afectadas con la minería artesanal fueron las de las etnias kayapó, munduruku, yanomami, tenharin y apyterewa, todas asentadas en la región amazónica del país.

De acuerdo con César Diniz, coordinador técnico del estudio, algunos factores como el elevado precio del oro en el mercado internacional y la falta de control por parte de las autoridades ambientales en la región amazónica han ayudado a que se registre el aumento de la minería informal.

"Cuando la fiscalización se debilita hay una menor capacidad de cohibir acciones ilegales como la invasión de reservas indígenas y unidades de conservación", explicó Diniz a Efe.

Si se tiene en cuenta que las reservas indígenas y buena parte de las áreas de conservación son territorios protegidos por la legislación brasileña, que prohíbe cualquier actividad minera en su interior, el 12 % de la actividad minera informal de Brasil "es ilegal", aseguró el experto.

La minería informal, conocida en Brasil como "garimpo", es una actividad que está lejos de entenderse como aquella que realizaba un buscador de oro 500 años atrás, con una batea en la mano a la orilla del río.

"El 'garimpo' continúa siendo una actividad, vamos a llamarla artesanal, entre comillas, pues hay un nivel de mecanización, como por ejemplo la utilización de tractores, retroescavadoras y bombas, pero es muy distante de una actividad industrial plena", dijo el experto.

Por ello, Diniz enfatizó que "la minería en tierra indígena es casi un genocidio".

LA OMISIÓN DE BOLSONARO

Desde que llegó al poder el 1 de enero de 2019, el líder ultraderechista ha defendido la explotación económica de la Amazonía, ha promovido el fin de las demarcaciones de nuevos territorios indígenas y, según ambientalistas, ha debilitado la capacidad de acción de los organismos que velan por la protección de la selva.

El pasado febrero, mediante un decreto, Bolsonaro creó un programa de apoyo al desarrollo de la minería artesanal, muy criticado por ambientalistas, que señalan que esta actividad es una de las principales causantes de la deforestación.

Según datos de Mapbiomas, entre 2019 y 2021, los tres primeros años de mandato del ultraderechista en Brasil, la minería informal en reservas indígenas aumentó un 53,8 %.

"En 2019 teníamos aproximadamente 13.000 hectáreas de minería informal en tierras indígenas, en 2020 saltó para alrededor de 16.000 hectáreas y en 2021 llegó a cerca de 20.000 hectáreas", indicó Diniz.

FIEBRE DEL ORO

En la Amazonía brasileña fueron devastadas 12.100 hectáreas de vegetación nativa en 2021 por la búsqueda del oro, siete veces más que en 2015, según datos de la plataforma Lo Que No Cuentan Sobre el Oro, lanzada en junio pasado el Instituto Escolhas.

Solo en 2020 el gigante suramericano recibió más de 4.900 millones de dólares por las ventas de oro en el exterior, un comercio que creció un 8 % en 2021, cuando la comercialización del metal le dejó a Brasil unos 5.300 millones de dólares.

María Angélica Troncoso

(c) Agencia EFE