El PAN acusa que 48 servidores de la nación fueron representantes de casilla en Tamaulipas y pudieron influir en el voto

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El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que al menos 48 funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar conocidos como “servidores de la nación” fungieron como representantes de casilla de la alianza Morena-PVEM-PT el pasado 5 de junio en Tamaulipas, en la que el morenista Américo Villarreal fue declarado ganador de la contienda por la gubernatura.

Aunque no existe una prohibición expresa en la ley que les impida desempeñarse como representantes de partido, el PAN afirmó, en un recurso de inconformidad presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, que se debe aplicar la jurisprudencia de la Sala Superior 3/2004, que prohíbe a funcionarios públicos de mando superior actuar como representantes generales y ante las mesas directivas de casilla.

Si bien los servidores de la nación no tienen rango de “mando superior” en la estructura de la función pública, para el PAN es un hecho que son personalidades conocidas y reconocidas por los electores y que su presencia pudo motivar entre los ciudadanos el “temor” de que podrían perder los beneficios de los programas sociales si no ganara Villarreal.

En la entidad hay desplegados alrededor de 400 servidores, de los cuales, el 12% cumplió funciones electorales para Morena en la jornada de votación.

“En el caso de los servidores de la nación, se trata de personas contratadas como brazos operativos en los diversos programas sociales en cuanto al acceso a los mismos y a sus beneficios y, por lo tanto, se trata de personas que conocen y se comunican permanentemente con los electores, razón por la cual, al actuar como representantes del partido Morena, ejercen una función de presión y control sobre los electores que los inhibe a votar por un candidato distinto al de la coalición Juntos Hacemos Historia por Tamaulipas, más aún en los casos de quienes actuaron como representantes generales, cuya actuación se dio en todo el distrito y podían ingresar a todas las casillas donde no había representantes”, dice el recurso.

“El ejercicio de su derecho de asociación y reunión (de los servidores de la nación) a favor del candidato Américo Villarreal Anaya y de los partidos políticos que integran la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas se encuentra limitada, porque la ejecución de programas sociales los equipara, por sus actuaciones, a las de una autoridad de mando y dirección, que se traduce en el ejercicio de recursos económicos, materiales y personales del gobierno federal que tienen un impacto no sólo en todo el país, sino en particular en el estado de Tamaulipas”.

Los servidores de la nación tuvieron presencia en 20 de los 22 distritos electorales locales de Tamaulipas. De los 48 identificados en la denuncia del PAN, 10 eran representantes generales, por lo que su margen de actuación durante la jornada electoral se amplió a todas las casillas de su distrito donde no hubiera representantes.

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Un cotejo entre la relación de representantes generales y de casilla y la plataforma de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizada por Animal Político comprueba que se trata de cuando menos 48 funcionarios activos contratados como servidores de la nación con un sueldo bruto de 11 mil 294 pesos mensuales. 

26 de ellos fueron registrados como representantes de Morena, 13 del Partido del Trabajo (PT) y 9 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Acción Nacional argumentó que esos funcionarios tienen una fuerte identificación con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y, al mismo tiempo, un fuerte arraigo con la estructura partidista de Morena.

En el primer caso, expuso que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que los servidores de la nación han actuado, indebidamente, como promotores de López Obrador, tras acreditarse que hicieron propaganda gubernamental y promoción personalizada del presidente usando los recursos públicos a su cargo. Además, si bien dichos funcionarios dependen administrativamente de la Secretaría de Bienestar, su operación política descansa en la Oficina de la Presidencia de la República, particularmente en la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

La vinculación de los servidores de la nación con el partido también es fuerte. En principio, el creador de la estructura operativa en todo el país fue el mismo personaje que tuvo a cargo la creación de comités electorales de Morena en los estados: Gabriel García Hernández, que de secretario de Organización del partido pasó a ser coordinador de los programas sociales y de los “superdelegados” desde la Presidencia los primeros dos años y medio del gobierno obradorista.

En el caso de Tamaulipas, de acuerdo con el recurso del PAN, los funcionarios encargados de la estructura de servidores de la nación también tienen arraigo partidista. Es el caso del superdelegado y jefe de los servidores en la entidad, Luis Lauro Reyes Rodríguez, que milita en Morena y fue alcalde de Güémez por ese partido.

Reyes Rodríguez tiene a su cargo a ocho directores regionales que a su vez coordinan a los servidores de la nación, según el documento. La coordinadora en la región de Ciudad Victoria, Micaela Martínez Narváez, fue candidata a diputada local por Morena; Pedro Castillo Ríos, de la región de Ciudad Mante, ha sido dirigente del partido en ese municipio; Elizabeth Cruz Hernández, encargada de la región de Madero, fue coordinadora distrital de Morena; Silvia María Burgos Sánchez, de Matamoros, fue coordinadora de organización en el municipio.

Los otros cuatro coordinadores regionales son, en Nuevo Laredo, José Gastón Herrera Arredondo, que ha sido integrante del Comité Directivo Estatal; en Reynosa, Kenia Citalli Sáenz Rodríguez, dirigente del partido en ese municipio; en Río Bravo, Mario Eloy Ochoa Garza, excandidato a alcalde; y en Soto La Marina, Julio César Hernández Medina, excandidato a diputado federal.

Adicionalmente, Acción Nacional aseguró en su demanda que otros 1 mil 074 representantes de casilla eran beneficiarios de alguno de los programas sociales del gobierno federal, “circunstancia que fortalece la presunción de una presión y coacción del voto”. La mayoría de beneficiarios-representantes (23.4%) se concentró en el distrito 16 con sede en Xicoténcatl y el 13 de San Fernando, donde Animal Político documentó una votación atípica a favor de la candidatura de Villarreal.

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