Vicentin pidió a la Corte de Santa Fe que devuelva al juez la causa del concurso

8 de junio: El Gobierno anuncia la intervención y posterior expropiación de Vicentin
Vicentin busca que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe devuelva al juez del concurso la causa - Créditos: @Marcelo Manera

La cerealera Vicentin le pidió a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que revoque la suspensión de los plazos del proceso concursal de la firma. La compañía solicitó la remisión del expediente al juez natural de la causa, Fabián Lorenzini, considerando que no existe fraude alguno en torno al concurso que se lleva adelante.

El 16 del actual, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, había decidido intervenir el concurso de acreedores de la empresa ante un pedido de “avocamiento” de uno de los principales acreedores.

Para la empresa, las hipótesis presentadas por el acreedor sobre “un eventual fraude que habría tenido por efecto engañar a los acreedores que, viciadamente, aceptaron la propuesta, se trata de un verdadero disparate que pretende inducir en error a VE”.

Los firmantes del escrito, Daniel Foschiatti, vicepresidente en su carácter de presidente del Directorio de Vicentin SAIC; Ricardo Gil Lavedra, apoderado de la empresa, y el abogado Maximiliano Toricelli, pidieron que “se devuelvan los autos principales al juzgado de origen y se deje sin efecto la suspensión de términos ordenada”.

Solo en Tierra del Fuego no falta gasoil y los transportistas autoconvocados preparan el “camionazo” a CABA

“En subsidio, pretendemos que el pleno de la Corte Suprema no haga lugar al pedido de avocación y retorne los autos a la instancia que corresponde”, indicaron.

“Las groseras falsedades contenidas en el escrito que solicita el avocamiento, siempre según las publicaciones de la prensa, eximen de seguir considerando este punto por la absoluta falta de seriedad del planteo”, agregaron.

Abandonó 80 hectáreas de limón porque no consigue trabajadores para la cosecha

En detalle, los abogados argumentaron que “no hay norma legal alguna que autorice a VE a sustraer el expediente de la instancia que le es propia” y que “de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social”.

Destacaron que la firma “pidió su concurso preventivo, el que fue abierto por el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista, con fecha 5 de marzo de 2020, y desde entonces tramita ante dicho tribunal”.

Asimismo, dijeron que el 30 de juno la empresa debe presentar las conformidades para su eventual homologación: “En plena gestión para conseguirlas, tomamos conocimiento por noticias periodísticas de un pedido de avocación que se habría presentado por un acreedor ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la que, por presidencia, ordenó la suspensión del trámite de la causa, pidió la remisión del expediente y corrió un traslado del mismo al Juez del concurso; y no a mi parte que, pese a ser la principal interesada, se ve obligada a efectuar esta presentación sobre la base de publicaciones periodísticas que dan cuenta de lo que se acaba de manifestar”.

“El acreedor que habría efectuado la presentación sería Commodities SA, quien habría alegado la existencia de graves y fraudulentas circunstancias en los trámites concursales, que a su criterio ocasionan un caso de interés institucional para que la Corte se avoque a su conocimiento. Es del caso reiterar que lo expuesto se basa en la publicación de un escrito que habría presentado el Juez de la causa concursal y que se encuentra publicado en un medio periodístico”, completaron.

Para la defensa, es importante remarcar que durante la tramitación del concurso “Vicentin no ha incurrido en nuevas deudas post concursales, ha pagado todos los salarios e impuestos, ha mantenido las plantas funcionando, no ha habido despidos y las únicas deudas de la sociedad son las que se verificaron en el concurso”.

“No puede soslayarse que esta situación es altamente infrecuente, ya que lo usual es que las empresas concursadas contraigan inmediatamente nuevos pasivos postconcursales que constituyen un mayor riesgo para el cumplimiento del acuerdo”, informaron.

Por otro lado, señalaron que la economía de la sociedad se sustenta en fasones, dado que “no compra granos ni vende harina o aceite; los productos pertenecen a las empresas que hacen los fasones, siendo el capital de trabajo (más de US$300 millones) y el riesgo comercial también de ellas”.

“Nuestra empresa solo cobra el precio del servicio de fasón, los que actualmente ocupan cerca del 90% de la capacidad industrial de la sociedad. Y, precisamente, ese precio que cobra por los fasones es el que permite a la sociedad pagar todos los costos fijos y variables, lo que explica la inexistencia de pasivos postconcursales”, dijeron.

En este contexto, dijeron que la compañía, en caso de no homologar su concurso y “si fuese al cramdown, los fasones se interrumpirían y no se podrán pagar sueldos, impuestos ni ninguna otra obligación; y al ser el volumen de Vicentin tan grande no resultará sencillo conseguir nuevos fasones, por lo que mes a mes la situación se agravará inexorablemente”.

“La alternativa a la propuesta es el cramdown, que es un proceso que demorará más de 8 a 12 meses, muy posiblemente la sociedad colapsará por falta de ingresos”, precisaron.

Según Vicentin, existe una “propuesta concordataria de pago a acreedores que se funda en la pérdida de los actuales accionistas de Vicentin del 95% de su participación accionaria, la venta de las acciones de Renova, y en la inversión de los interesados estratégicos en la empresa”.

“Se han firmado contratos vinculantes que obligan a los [socios] estratégicos, después de la homologación del concurso a comprar las acciones de Renova (US$310 millones que irán directamente al pago de acreedores, cuotas), inyectar en Vicentin los fondos necesarios para mantener y sostener la normal operación durante el plazo de 12 años (entre ellos, cubrir los gastos de justicia, reestructuración, inversión en capex) y realizar un último aporte para efectuar el último pago a acreedores”, describieron.

“Es innecesario recordar que esos contratos vinculantes están sometidos a la condición de que se homologue el acuerdo que se alcance, y que se levante cualquier medida judicial que pudiera recaer sobre la empresa”, añadieron en el escrito.

En esta línea, afirmaron que “al menos hasta la fecha de suspensión que efectuara la Corte provincial, el apoyo a la propuesta era contundente, dado que más del 60% de los acreedores presentaron sus conformidades (mayoría de personas); y de no mediar ningún obstáculo, antes del 30 de junio (vencimiento del período de exclusividad) la sociedad presentará las conformidades del sector financiero que junto a las conformidades ya presentada superarán holgadamente el 67% del capital (mayoría de capital)”.

Otro de los argumentos dados por la firma santafesina fue que Commodities SA, como acreedor, “no tiene representación mayoritaria”.

Por otro lado, indicaron que “se está realizando el máximo esfuerzo para obtener los acuerdos que permitan no solo mantener la fuente de trabajo, sino también generar oportunidades de desarrollo económicos para las distintas empresas que negocian con Vicentin, así como obtener las riquezas que ayudan al desarrollo del país”.

En este sentido, aseguraron: “La adopción de una medida no prevista legalmente ni utilizada en las prácticas forenses, y menos en casos como el que aquí nos ocupa, genera una situación de extrema gravedad, al no respetar las reglas de juego existentes, poniendo en riesgo no solo la continuidad de la empresa, sino las miles de fuentes de trabajo que la compañía representa”.

Por último y en otro orden de cosas, dijeron que en cuanto a la venta de acciones de Renova efectuada en el año 2019, “tanto el síndico del concurso como el interventor designado han aceptado la absoluta regularidad de esa operación”.