Cine. Presentan un proyecto de ley para incentivar la producción audiovisual argentina

Mónica Raiola, Leonardo Sbaraglia, Ignacio Saralegui y Marina Belatti, filmando bajo las órdenes del director Ariel Winograd, en el set de filmación de El gerente
Mónica Raiola, Leonardo Sbaraglia, Ignacio Saralegui y Marina Belatti, filmando bajo las órdenes del director Ariel Winograd, en el set de filmación de El gerente - Créditos: @Hernan Zenteno

Con el auge de las plataformas de streaming, la promoción de la industria audiovisual empezó a ser un objetivo importante en muchos países. Uno de los casos más emblemáticos de los últimos días es el de España, cuyo gobierno, atento a la oportunidad económica que ofrecen, presentó una serie de incentivos fiscales para los productores de ficciones y documentales que pueden estrenarse en salas de cine o bien aterrizar directamente en la programación de Netflix, Amazon Prime o HBO Max, por citar solo tres ejemplos de empresas poderosas del sector.

Ahora Argentina quiere sumarse a la tendencia, haciendo hincapié en el rol del Estado como propulsor de iniciativas locales: la legisladora riojana Gabriel Pedrali presentó un proyecto de ley federal para la industria y la producción audiovisual que contempla un organismo de gerenciamiento federal y equitativo, un incremento del fondo de fomento y una cuota de pantalla que defienda la identidad cultural.

“Es una oportunidad para actualizarnos con las nuevas tecnologías, pensando la distribución con un criterio federal y democratizando los recursos con la equidad de género que hoy la sociedad está demandando”, explicó la diputada del Frente de Todos.

El proyecto de ley busca dar respuesta a los dilemas de un paradigma tecnológico que plantea nuevas formas de comunicación y comercialización global que no se encuentran contempladas en la Ley de Cine 17.741, actualmente vigente. Es el resultado de dos años y medio de investigación del Espacio Nacional Audiovisual (EAN) y propone la creación del Consejo Federal de Cine y las Artes Audiovisuales (CoFeCAA), definido como “un organismo interjurisdiccional, de concertación, acuerdo y planificación, para asegurar la unidad y articulación federal de la política audiovisual nacional”.

También incorpora la conformación de un directorio del organismo de gerenciamiento integrado por profesionales idóneos en el área audiovisual y delegados de las áreas culturales de todo el país. La idea es destinar el 25% de los fondos para la producción, distribución y exhibición de producciones audiovisuales nacionales a los proyectos que se generen en las distintas provincias del país, para evitar la concentración excesiva en la ciudad de Buenos Aires, un polo con mucha actividad.

La producción audiovisual es una de las industrias con mayor potencial de la actualidad: con la proliferación de dispositivos para distribuir contenidos (cada vez es más la gente que además de ver películas en las salas de cine o en un televisor hogareño lo hace también en su teléfono móvil), se hace necesario aumentar la oferta. Y una película, en el caso de las ficciones, no solo equivale a trabajo para directores, guionistas, actores, productores, técnicos, vestuaristas y maquilladores. También suma oportunidades para los que se dedican al catering, la hotelería, la logística y los traslados.

El flamante proyecto de ley propone, además, un incremento del Fondo Nacional de Fomento del Cine y de las Artes Visuales a través de una modificación en la percepción del gravamen del IVA que ya se genera por la comercialización en las plataformas: el proyecto establece que se divida en 11% para el fisco y 10% para este nuevo Fondo. Y agrega la extensión de la cuota de pantalla, con carácter de obligatoriedad: las plataformas tendrían que ofrecer más espacio dentro de su nutrida programación a las producciones nacionales.

Trabajaron en la elaboración de esta nueva normativa muchas entidades importantes del sector: la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Proyecto Cine Independiente (PCI) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores). Todos se agruparon en torno al EAN para intentar el aggiornamiento de una legislación que hoy no alcanza a cubrir las nuevas exigencias y modalidades de producción y consumo que aparecieron con los avances tecnológicos en el terreno digital.