Los demócratas de California aprobaron estas 5 leyes liberales, y luego las empresas las impugnaron

Los grupos empresariales de California suelen jugar a la defensiva en el Capitolio, donde dominan los demócratas alineados con los trabajadores.

Sin embargo, las empresas con grandes fondos pueden ganar ventaja en las elecciones estatales incluyendo iniciativas en la boleta.

Esta táctica surgió hace una docena de años, cuando empresas petroleras como Valero Energy y Tesoro, con sede en Texas, impugnaron una innovadora ley de 2006 sobre el cambio climático que establecía objetivos para devolver las emisiones de California a los niveles de 1990 en 2020.

Tras sobrevivir al referendo de 2010, el estado acabó superando ese objetivo en cuatro años.

Desde entonces, las empresas han recurrido a esta estrategia para impugnar leyes o, al menos, retrasar su aplicación, especialmente cuando los demócratas consiguen el dominio de la Legislatura, con supermayorías tanto en la Asamblea como en el Senado.

A continuación, un resumen de cinco campañas de medidas en las boletas financiadas por empresas en la última década y su resultado.

¿Qué pasó con los trabajadores independientes?

Las empresas de trabajadores independientes, como Uber, Lyft, DoorDash y GrubHub, se libraron de una ley laboral histórica cuando los electores aprobaron la Propuesta 22 en 2020. La iniciativa eximió a los conductores y repartidores basados en aplicaciones de la Ley de la Asamblea 5, que en general requería que las empresas proporcionaran beneficios laborales a más trabajadores.

Dos desafíos legales a la Proposición 22 están abriéndose camino a través de los tribunales. En agosto de 2021, un juez de la Corte Superior del Condado de Alameda consideró que la Proposición 22 era inconstitucional después de que un grupo de conductores apoyados por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios demandara al Estado a principios de enero. Los alegatos orales en el caso de apelación están programados para el 13 de diciembre.

En un caso separado en un tribunal federal, las compañías de trabajadores independientes y un grupo de conductores de viajes compartidos pidieron al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que dictamine que la AB 5 es inconstitucional, informó Bloomberg Law. Los alegatos orales tuvieron lugar en julio, pero la decisión aún no se ha hecho pública. Cualquier decisión será probablemente apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Mientras tanto, los conductores siguen siendo clasificados como contratistas independientes. El SEIU sostiene que estos conductores están siendo clasificados erróneamente, mientras que las empresas argumentan que la suspensión del juez les protege mientras los casos avanzan en los tribunales.

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Prohibición de las bolsas de plástico

Las empresas de plásticos usaron el sistema de referendo para retrasar la aplicación de una ley de 2014 que prohibía a los minoristas distribuir gratuitamente bolsas de plástico de un solo uso a los clientes.

Después de que el entonces gobernador Jerry Brown promulgara la ley, la coalición respaldada por la industria invirtió más de $5 millones en la recolección de firmas para incluir un referendo en la boleta de 2016. Pero después de que se aprobaran las peticiones, la oposición gastó menos de medio millón de dólares en la campaña, sugiriendo que el referendo solo pretendía retrasar la ley.

Los electores mantuvieron la prohibición de los plásticos, con un 52% que votó “sí” a la Proposición 67.

Restablecer un sistema de fianza en efectivo

En 2020, las empresas de fianzas lograron anular una ley de California que abolía el sistema de fianzas en efectivo del estado en favor de las evaluaciones de riesgo, que, según sus partidarios, eran más equitativas.

Siguiendo el mismo manual de jugadas que las empresas de plásticos, la industria de las fianzas presentó un referendo un día después de que el gobernador Brown promulgara la ley a finales de agosto de 2018.

Sin embargo, a diferencia del referendo sobre los plásticos, los electores se pusieron abrumadoramente del lado de la medida de la industria de las fianzas y restablecieron la fianza en efectivo votando “no” a la Proposición 25. Las afianzadoras se aliaron con activistas de extrema izquierda que argumentaron que el modelo de evaluación de riesgos promovía la inequidad tanto o más que el sistema de fianza en efectivo.

¿Perdieron realmente las grandes tabacaleras?

Una ley de 2020 prohibió la venta de productos de tabaco con sabor y cigarrillos mentolados en California para proteger a los niños de la adicción a una edad temprana. Empresas como R.J. Reynolds y Philip Morris International financiaron una campaña de recolección de firmas para retrasar la aplicación de la ley y ponerla en la boleta de 2022. Pero después de que la medida calificó para la boleta, la oposición se retiró de la campaña.

“Realmente no hubo un gran esfuerzo por parte de ellos para hacerla aprobar”, dijo Lindsey Freitas de Campaign for Tobacco-Free Kids.

Al igual que ocurrió con el referendo de la industria del plástico hace siete años, los electores de California mantuvieron por abrumadora mayoría la prohibición estatal de los productos de tabaco aromatizados, con más del 63% de los votos a favor de la Proposición 31. Se calcula que la industria tabaquera se embolsó $780 millones solo con los cigarrillos mentolados durante los 22 meses adicionales en que no se aplicó la ley, según un análisis de los sellos fiscales de los cigarrillos realizado por investigadores de Campaign for Tobacco-Free Kids.

Las empresas tabaqueras, por su parte, siguen desafiando la prohibición en los tribunales. R.J. Reynolds presentó una demanda el 17 de noviembre en un tribunal federal que pudiera retrasar aún más la aplicación de la prohibición. Las empresas alegan que, en virtud de la Ley Federal de Control del Tabaco, los gobiernos estatales y locales no pueden restringir los productos que se pueden vender. La prohibición de saborizantes de California sería un intento de limitar tipos específicos de productos en el mercado, alega la demanda, y también violaría la Cláusula de Comercio al intentar regular a los fabricantes de otros estados

Las empresas piden una orden judicial preliminar para detener la prohibición cinco días después de que la secretaria de Estado, Shirley Weber, certifique los resultados de las elecciones. Reynolds presentó un caso similar contra la prohibición del Condado de Los Ángeles de los productos de tabaco aromatizados. Ese caso está ahora a la espera de una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. después de que el tribunal del Noveno Circuito fallara en contra de las empresas en marzo.

‘Firma aquí para bajar el precio de la gasolina’

Seguro que has visto a esas personas con portapapeles a la salida del supermercado. Te paran y te preguntan algo parecido a: “¿Quieres que bajen los precios de la gasolina?”. Luego te ruegan que firmes su petición.

A principios de este año, California prohibió la perforación de nuevos pozos de petróleo y gas a menos de 3,200 pies de distancia de casas y escuelas. Esta “zona de amortiguación” ayudaría a proteger la salud pública, dijeron los legisladores. Pocos días después de que el gobernador Gavin Newsom promulgara la ley, el grupo de la industria conocido como California Independent Petroleum Association presentó una petición para incluir un referendo en la boleta de 2024. Si la campaña consigue suficientes firmas, la ley se suspenderá hasta después de que los electores den su opinión dentro de dos años.

La coalición del sector anunció el 20 de octubre que ya había recaudado más de $8.1 millones y que los peticionarios empezarían a salir a la calle ese mismo día para recolectar firmas. El grupo aún tiene que presentar al Estado los documentos de contribuciones y gastos.