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Brasilia, 18 feb (EFE).- La Fiscalía General de Brasil presentó este martes una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro por una supuesta conspiración para intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022, informaron fuentes oficiales. El líder ultraderechista fue acusado de "liderar" la trama golpista, en un documento remitido por la Fiscalía a la Corte Suprema en el que también imputó a otras 33 personas de su entorno. El Ministerio Público señaló en una nota que los 34 denunciados son acusados de "tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "organización para delinquir armada" y "golpe de Estado", entre otros crímenes. El Supremo decidirá ahora si acepta la querella formulada por el fiscal general, Paulo Gonet, y enjuicia al ex jefe de Estado (2019-2022) y al resto de acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros, por su supuesta participación en la conspiración golpista. Gonet asegura que Bolsonaro y el exministro y general de la reserva Walter Braga Netto eran los "líderes" de la trama. "Ambos aceptaron, estimularon y realizaron actos tipificados en la legislación penal de atentado contra el bien jurídico de la existencia e independencia de los poderes y del Estado de Derecho democrático", afirmó en la denuncia. La denuncia de la Fiscalía se basa en una extensa investigación policial que constató la existencia de una trama que buscó mantener en el poder a Bolsonaro y evitar la investidura de Lula, que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023. Según la Policía Federal, en la trama golpista estuvieron involucrados Bolsonaro y otras 39 personas, entre ellas Braga Netto, general retirado y antiguo ministro de la Presidencia y de Defensa en el Gobierno de Bolsonaro. Braga Netto también fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022. Además figuran entre los investigados Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete del líder ultraderechista. Durante las diligencias de los dos últimos años, la Policía encontró borradores de decretos para declarar un "estado de sitio", anular el resultado de los comicios de 2022 e intervenir la Justicia Electoral. Según diversos testigos, Bolsonaro llegó a revisar y modificar el documento que consumaría el golpe e incluso tuvo "pleno conocimiento" de un plan elaborado por militares díscolos para asesinar, por envenenamiento, a Lula y a otras autoridades brasileñas. El plan no se materializó, aunque, como último intento, miles de radicales de extrema derecha invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, el 8 de enero de 2023, con la intención de incentivar la intervención de los militares. Magistrados de perfil progresista Si la denuncia es aceptada, en principio, el caso será juzgado por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por magistrados de un perfil claramente progresista, encabezados por el relator del proceso, Alexandre de Moraes. Este magistrado ha sido objeto de amenazas y descalificaciones por el bolsonarismo desde 2022, cuando ocupó la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) durante el proceso para los comicios de ese año, en los que el líder ultra fue derrotado en las urnas por Lula. La Primera Sala, además, está presidida por el juez Cristiano Zanin, propuesto para el Supremo por Lula en 2023 y que hasta ese momento era abogado personal del líder progresista. Los otros miembros de la sala son Flávio Dino, hasta inicios de 2024 ministro de Justicia en el Gobierno de Lula, y los magistrados Luiz Fux y Carmen Lucia Antunes, también de perfil progresista. Otras investigaciones Bolsonaro afronta además otras investigaciones en curso en la esfera penal. La Policía también presentó cargos en su contra por la supuesta apropiación indebida de valiosas joyas que debían haber sido incorporadas al acervo del Estado y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19. Además, la Justicia Electoral lo inhabilitó hasta 2030 por deslegitimar las instituciones democráticas y diseminar noticias falsas sobre el proceso electoral. No obstante, el capitán retirado del Ejército, que se declara víctima de una supuesta "persecución" judicial, confía en que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, pueda limpiar su nombre para poder presentarse a las presidenciales de 2026. De hecho, este mismo martes se reunió con un grupo de senadores para discutir una posible amnistía para los implicados en los sucesos del 8 de enero de 2023 y fue consultado por periodistas sobre la inminente denuncia de la Fiscalía en su contra. "No tengo ninguna preocupación con las acusaciones, cero", declaró. (c) Agencia EFE
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