Lista negra: por qué las empresas petroleras se negaron a vender combustible al avión venezolano-iraní

No era tan difícil. La compañía estatal venezolana dueña del misterioso avión que aterrizó en la Argentina, Conviasa, está en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en inglés Office of Foreign Assets Control (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta entidad de Estados Unidos se encarga, entre otras cosas, de elaborar una lista de personas físicas y jurídicas con las cuales está prohibido operar, basada en lo que considera una amenaza para su seguridad nacional.

El “target” son determinados países y regímenes terroristas, narcotráfico, actividades relacionadas con armas de destrucción masiva, entre otros. Si no se tienen en cuenta las alertas, las sanciones pueden ser durísimas en términos de multas y acciones puntuales relacionadas con el comercio exterior, entre otras cosas.

Como señala Raúl Saccani, que preside la Comisión de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web de la OFAC, si se tipea Conviasa, la compañía dueña de los aviones de carga de su filial Emtrasur (que aterrizó en la Argentina), no hay dudas. Aparece en el listado. Brindarle algún tipo de producto o servicio puede derivar en más que un dolor de cabeza, sobre todo una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos.

YPF y Shell, que operan en Ezeiza, lo saben y se negaron a proveer el combustible que necesita el Boeing 747, que sigue varado en la terminal. Axion, por su parte, también se plegó. Conviasa está en las listas que manejan las petroleras, entre ellas la de la OFAC.

La compañía estatal venezolana dueña de la nave está en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC); es un detalle que parece haber pasado desapercibido para las autoridades argentinas

La realidad es que no importa si los tripulantes y pasajeros son instructores, como dijo el titular de la AFI, Agustín Rossi. La compañía de aviación tenía un alerta internacional que no fue tenida en cuenta por el Gobierno, pero sí por las empresas argentinas que tienen sistemas informáticos en los cuales “salta” un nombre con el cual es mejor no realizar transacciones de ningún tipo. En este caso, las empresas fueron más eficientes y expeditivas que el Gobierno, si se toma la hipótesis de que los organismos nacionales actuaron de buena fe.

Daniel Alonso, un abogado argentino que vive en Estados Unidos y fue fiscal en Manhattan, explica que la gran mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos cumplen con el régimen de sanciones porque tienen ciertas obligaciones de divulgar información relacionada a Irán a la SEC (la Comisión de Valores de Estados Unidos).

“A cualquier otra persona no se le aplican las sanciones de la OFAC, pero si proporcionan apoyo material a una entidad sancionada, ellas mismas se arriesgan a ser sancionadas en el futuro. Así que normalmente una empresa argentina no se va a arriesgar”, asegura el socio del estudio Buckley LLP.

“Este avión habría sido de la Guardia Revolucionaria Iraní (GRI), fuerza que además de pertenecer al ámbito político, supervisa un importante conjunto de medios de comunicación, actividades de formación y programas educativos diseñados para reforzar la lealtad al régimen del cual pertenecen, formar militarmente a los iraníes y pulir su propia credibilidad institucional. En el ámbito económico, es de púbico conocimiento también que controla industrias y servicios estratégicos, mezclados con actividades ilícitas relacionadas con el contrabando y el mercado negro (según surge también de los considerandos de las autoridades norteamericanas)”, agrega Carlos Rozen, socio de BDO a cargo de Compliance e Investigaciones.

El especialista en cumplimiento aclara que la OFAC es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas (sanciones extraterritoriales que disponen, por ejemplo, bloqueo y congelamiento de activos) impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos.

“Estas sanciones son utilizadas para prevenir, disuadir y en lo posible impedir que los países, entidades y personas físicas utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE. UU. y sus objetivos de seguridad nacional. Sin embargo, las listas OFAC se han convertido en una herramienta de protección utilizada por decenas de miles de organizaciones en todo el mundo”, indica Rozen.

CONVIASA aparece en la lista de la OFAC

Raul Saccani, también director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School y socio Líder de Financial Crime en Deloitte S-LATAM, dice que las empresas ya tienen agilizado el due dilligence, que es el control sobre sus clientes y proveedores. “Si detectan que tal vez está conectada con una entidad sujeta a sanciones, deciden no operar con ella”, sostiene.

Es algo común en los bancos, por ejemplo, que deben tomar todo tipo de recaudos para evitar el financiamiento del terrorismo, y el lavado de dinero, entre otros delitos. “Para quienes resultan ser sujetos obligados por la normativa antilavado, estar en la lista de la Ofac da como resultado un impedimento para transaccionar con Conviasa. Y en términos generales, para quienes no lo son, las mejores prácticas también indican que no se debió haber transaccionado”, indica Mariana Idrogo, Managing director en G5 Integritas.

Por su parte, Diego Bleger, socio de KPMG, explica que “la prevención se hace a base de una investigación sobre quién es tu proveedor o tu cliente. En este sentido, cuando hay que cargar a un cliente en la base para poder operar con él, saltan las alertas si está sospechado. Obviamente, si una compañía puede estar asociada a una organización terrorista, una petrolera no le venderá combustible. Se trata de verificar quién está del otro lado del mostrador”.

Motores de búsqueda

“Existen hoy más de 1000 listas de observancia a nivel mundial que se actualizan en forma permanente”, asegura Idrogo.

Según el abogado Enrique Prini Estebecorena, del estudio Allende Ferrante, “las empresas tienen la obligación de dar cumplimiento a las restricciones impuestas por los gobiernos a los cuales hayan adherido. Independientemente de las listas oficiales, hay servicios que se contratan y que son proveedores para dar esta información”.

La OFAC tiene su contraparte en Europa y en otros países. “Estados Unidos fue pionera en estas listas, pero Europa y Asia están en línea con esto y actúan de la misma manera”, agrega Diego Bleger.

Los servicios pagos como World Check cuentan con una base de sancionados. Otros motores muy usados son Nosis y Lexis Nexis. “Hay que monitorear de manera recurrente porque las bases cambian permanentemente. Eso pasó en el caso de invasión de Ucrania. Muchas empresas rusas fueron incluidas en los listados y las empresas dejaron de operar con ellos”, señala Saccani.

Carlos Rozen dice que el tema de Conviasa encendió alarmas en toda la región. “Como ciudadanos sabemos que podemos cargar combustible en cualquier estación. Solo basta tener algún medio de pago de uso legal. Cuando un avión requiere combustible, las cosas no son tan sencillas”, finaliza.

Pini Estebecorena no descarta que la Argentina pueda ser sancionada por este episodio. Algo especialmente sensible en un momento de álgidas negociaciones con el FMI y controles por parte del fondo.