El príncipe Harry le cuesta 300.000 libras a los contribuyentes británicos incluso en California

Cada regreso de los duques de Sussex al Reino Unido coloca de nuevo el foco sobre un asunto muy incómodo: cómo garantizar que ambos estén a salvo en todo momento y quién debe hacerse cargo de costear esa tarea ahora que ya no forman parte de la familia real británica.

El duque de Sussex inició hace 18 meses una revisión judicial ante el Tribunal Supremo después de que su derecho a contar con un dispositivo de seguridad fuera suprimido cuando se retiró de sus obligaciones reales en 2020 junto a su esposa Meghan para emprender una nueva vida en Estados Unidos.

A pesar de que Harry se ofreció a pagar por la protección, se le respondió que la policía del Reino Unido no eran unos guardaespaldas de alquiler y las cifras obtenidas a través de la Ley de Libertad de Información por el periódico The Sun revelan que todo el proceso legal ya ha costado al Gobierno del Reino Unido 296.882 libras.

Hasta ahora la factura del caso, que lleva en marcha desde el otoño de 2021, incluye 199.978,52 libras en costos del departamento legal, 93.268 en abogados y 660 para las tasas judiciales. En su momento, el antiguo comandante de Scotland Yard John O'Connor criticó la petición de Harry para seguir contando con protección armada describiéndola como un acto de "vanidad total".

Harry, por su parte, afirma que tanto su esposa como él y sus dos hijos -Archie, de tres años, y Lilibet, de 20 meses- se sienten inseguros en Gran Bretaña, a pesar de que siguen teniendo guardias armados cuando visitan el Reino Unido para actos oficiales y mientras están en su casa de Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor.

Se cree que el caso en curso de la realeza contra el Ministerio del Interior puede acabar ante el Tribunal Superior a principios de abril, pero no se sabe si se llegará a un fallo antes de que el padre de Harry sea coronado en la abadía de Westminster cuatro semanas más tarde. Por el momento aún no han confirmado si asistirán a la coronación del rey Carlos el 6 de mayo y un portavoz del Gobierno dijo que "no sería apropiado" hacer comentarios sobre el caso de protección en curso.