A 7 años de su detención, mujer guatemalteca víctima de trabajo forzado sigue en prisión preventiva

Después de siete años y medio, una mujer indígena de origen guatemalteco permanece en prisión preventiva acusada de secuestro, tras ser detenida en un operativo dentro de un domicilio en Tamaulipas, donde permanecía privada de la libertad.

Este 19 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) hizo un llamado urgente al Poder Judicial en Tamaulipas para cesar la prisión preventiva contra la mujer de origen chuj, quien fue secuestrada cuando se movilizaba hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el organismo, la ​​Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas comprobó que la mujer se encontraba en un domicilio donde estaba sujeta a trabajos forzosos, sin embargo fue detenida junto con las demás personas que se encontraban en el lugar por policías ministeriales.

“Además, en el momento de su aseguramiento no hablaba ni entendía el español, fue trasladada a las instalaciones de dicha corporación en ciudad Reynosa, Tamaulipas y, mientras se encontraba bajo la custodia de esos servidores públicos y responsabilidad, en vez de concretar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad, fue sometida a una serie de agresiones físicas y verbales”, sostuvo en un comunicado.

La mujer fue acusada de secuestro pese a haber manifestado había sido retenida por traficantes de personas en su intento por llegar a los Estados Unidos y que fue sometida a trabajos forzosos.

“No obstante, se le dio a firmar su declaración sin conocer su contenido, no contó con una asistencia jurídica adecuada y tampoco se le asignó una persona traductora. Fue durante su estancia en el centro penitenciario donde se encuentra actualmente que aprendió a hablar y a comprender el español”, relató.

La mujer ingresó al Centro de Ejecución de Sanciones Penales en Tamaulipas el 18 de abril de 2014, donde sigue enfrentando su proceso en prisión preventiva.

En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la prisión preventiva ya no será inamovible y deberá ser revisada por los jueces cuando el acusado cumpla más de dos años sin que se le dicte una sentencia.

El máximo tribunal resolvió que sin importar si el delito por el que se acusa a una persona sea considerado grave o no, los jueces pueden revertir la medida de cárcel preventiva y cambiarla por otra menos restrictiva, como prisión domiciliaria o firmas periódicas, siempre y cuando se cumplan ciertos condicionantes.

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