Cambios en la ley ómnibus: cuál será el destino del Incaa, el Instituto de Teatro, el Inamu y la Televisión Pública

Con algunas modificaciones, el Gobierno envió este lunes por la mañana al Congreso el texto definitivo de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (conocida como Ley ómnibus). La iniciativa pasó de tener 664 artículos a 523. Varios de ellos afectan al sector cultural, el mismo que viene expresando de distintas maneras su rechazo al proyecto de Javier Milei desde el momento en que se dieron a conocer a finales del año pasado las nuevas normativas para organismos estatales destinados a promover la actividad teatral, cinematográfica y musical, como así también el futuro de los medios públicos.

En el paquete anterior de medidas para el Instituto Nacional del Teatro (INT) se proponía la derogación de la Ley 24.800, la que fuera promulgada en abril de 1997 y que implicaba la creación de este organismo destinado al fomento de la actividad escénica en todo el país. El artículo 588 actual especifica que las funciones del INT serán asumidas por la Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que lo reemplace en el futuro, como había adelantado el secretario de Cultura, el empresario teatral Leo Cifelli, cuando estuvo en la Cámara de Diputados para explicar los alcances de las medidas. Esta modificación podría derivar en que el Instituto pierda su autarquía administrativa. El nuevo texto especifica que los recursos asignados para dichas funciones en 2024 no podrán ser inferiores a los asignados a tal fin en el presupuesto de 2023.

En lo que hace al funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), se derogaron varios artículos del primer proyecto de ley. Uno de ellos es el 21, que indicaba que se mantenía la asignación específica para el Instituto. También se especifica que los egresos correspondientes a gastos generales y de funcionamiento del Incaa no podrán exceder el 20 por ciento de los recursos anuales (en el anterior, ese monto era del 25 por ciento). “En el nuevo proyecto se afirma que el subsidio está orientado en forma exclusiva a colaborar en la financiación de la producción de los proyectos presentados, excluyendo gastos administrativos, de personal y de promoción o publicidad” , se especifica. La ayuda otorgada no podrá significar más del 50 por ciento del costo de producción total del proyecto. También se puntualiza que cuando se trate de coproducciones, solo se tendrá en cuenta la inversión reconocida al coproductor argentino.

Respecto al Instituto Nacional de la Música (Inamu), creado como órgano de fomento de la actividad por la Ley N° 26.801 de 2012, se derogaron unos 20 artículos del proyecto original relacionados al carácter federal de la ley, a la inscripción de músicos en un registro nacional y a la promoción de músicos argentinos con shows de apertura de grandes conciertos de artistas extranjeros. En el actual divulgado esta mañana sólo se especifica que se restringen sus gastos, que no pueden ser “mayores al 20 por ciento de sus ingresos”.

En lo referido a propiedad intelectual, en el nuevo texto no se menciona la descentralización de entidades como Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) o Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), que aparecieron en el primer proyecto. Por lo cual, su aprobación quitaría a estos colectivos su condición de “única representación”. Este tema en particular tomó notoriedad pública a partir de la campaña de Sagai en la que varios actores expresaron su rechazo.

En el apartado dedicado a privatizaciones, no hay una línea nueva sobre el destino de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que tiene a su cargo la gestión de Televisión Pública, Radio Nacional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior. Es decir que RTA aun integra la lista de las 41 empresas públicas de las que el Gobierno Nacional piensa desprenderse. A fin de año, Javier Monte asumió de manera interina la presidencia. La intención de que estas empresas pasen a manos privadas en un futuro sigue en pie.