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Santiago del Estero (Argentina), 8 nov (EFE).- Los campesinos indígenas de la provincia argentina de Santiago del Estero son la última línea de defensa frente a excavadoras, agrotóxicos e intentos de desalojo por parte de empresarios agropecuarios, en un escenario donde impera "la ley del más fuerte", según denuncian Greenpeace y los propios pobladores. Según una denuncia hecha por esta organización ecologista, la comunidad Yaku Cachi, del pueblo guayacurú, hace frente desde hace una década a la pretensión del empresario Orlando Canido de hacerse con el control de alrededor de 10.000 hectáreas donde llegaron a habitar unas sesenta familias, muchas de las cuales hoy ya abandonaron el lugar. Portavoces de Greenpeace aseguraron a EFE que se han destruido unas 11.900 hectáreas de monte en esta provincia del norte argentino para sembrar soja y que cuando los empresarios agropecuarios se intentaron hacer con 4.000 hectáreas más en el paraje Bajo Hondo, en Santiago del Estero, los pobladores frenaron la actividad de la maquinaria pesada que había peinado ya unas 500 hectáreas. “Hace nueves años que venimos luchando contra Canido. Este tipo intentó desalojarnos seis veces. Nuestros abuelos han vivido aquí y él quiere ocupar las tierras de nuestros ancestros”, declaró a EFE Fabián Orellana, perteneciente a la cuarta generación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). EFE intentó recabar el testimonio del empresario Orlando Canido sobre las denuncias en su contra por parte de Greenpeace y los pobaldores, pero al cierre de esta información aún no había sido posible. Rociadura de glifosato sobre las tierras Orellana y su comunidad conocieron al terrateniente en 2012, cuando se presentó con unas escrituras que, según los campesinos, utilizó para coaccionarlos a vender o ceder las parcelas bajo la amenaza de ser desalojados. Los que se negaron, aseguran los pobladores, han tenido que soportar durante años rociaduras con el herbicida glifosato, porque las plantaciones de soja se extienden hasta el área cercana a sus viviendas. “Tenemos que meternos a nuestras casas y cuidar a los chicos porque el veneno llega. A veces estamos comiendo y hay que tirar la comida, o no podemos dormir a causa del olor”, denuncia el representante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. A raíz de la contaminación con el pesticida se han visto obligados a cultivar transgénicos. Al mismo tiempo, muchos animales nacen muertos o deformes. Las cabezas de ganado que sobreviven son llevadas a pastar lo mas lejos posible, fuera de sus campos. Un amparo judicial en 2017 le prohibió al empresario agrícola Orlando Canido lanzar herbicidas en un radio de 3.000 metros aéreos y 500 metros terrestres. Pero el daño ya está hecho, se lamentan los campesinos, que aseguran que una de las pobladoras, llamada Baleria Araya, contrajo cáncer de útero por la exposición a los agrotóxicos. “Mi compañera se enfermó muy joven, a los 33 años, recorrí muchos lugares buscando lo mejor para ella, pero no la pude salvar”, declaró a EFE su marido, Ramón Basualdo, quien quedó viudo con tres hijos y cinco hijas. Denuncian presencia de bandas armadas Una denuncia penal de septiembre de 2016 apunta a la existencia de “bandas armadas” para amedrentar a los pobladores, incluido un episodio en el que supuestamente diecisiete personas encapuchadas dispararon con escopetas de perdigones a los pobladores que escapaban de sus casas. Según esta denuncia, los presuntos agresores mataron cuatro vacas, espantaron al ganado, quemaron ranchos y vehículos de los campesinos, e inutilizaron el único pozo de agua del lugar. De acuerdo a los testimonios recogidos en la denuncia, los niños sufrieron convulsiones y vómitos. “Todos los hechos son parte de una seguidilla sistemática desde que el señor Orlando Canido depositó a esta banda armada en el territorio para expulsar a los campesinos que habitamos ancestralmente el lugar”, reza el texto de la denuncia. El portavoz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Fabián Orellana, asegura que agentes de la policía santiagueña y oficiales de justicia han participado en los intentos de desalojos. Los agentes, relata Orellana, solían llevar a cabo los desahucios durante la noche o cuando los campesinos salían a juntar el ganado. En respuesta, los pobladores se organizaron para hacerles frente: “Cuando vinieron los policías, los aguantamos aquí hasta que llegase más gente para hacer la retoma (de las tierras). Los mantuvimos presos en sus furgones hasta la noche, porque era la hora en la que vencía la orden judicial para intentar desalojarnos”, admite el representante de Mocase. Augusto Morel (c) Agencia EFE
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