José Ignacio De Mendiguren le puso un plazo al stock de neumáticos y calculó el millonario perjuicio en exportaciones

El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, le puso plazo al stock de neumáticos disponibles después de que las principales productoras de la Argentina suspendieran sus actividades en el marco del conflicto gremial que arrastran desde hace meses con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). “El stock en el mejor caso es para una semana”, señaló.

Además, el funcionario que depende del ministro Sergio Massa calculó el millonario perjuicio en exportaciones que ocasiona la paralización de la producción y expresó su deseo de que mañana prime la “sensatez” en la reunión prevista entre empresarios y gremialistas.

“Yo espero que mañana pueda volver a la sensatez y esto se ponga en marcha, porque es un gremio que tiene una muy buena paritaria, hasta tiene contemplado distribución de utilidades, que se ha dado en otras oportunidades”, manifestó De Mendiguren este mediodía en LN+, en línea con lo expresado más temprano por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Tras ello, recordó que el Gobierno participó de 35 reuniones entre el el sector empresario y el sindical y a ese respecto sostuvo: “Siempre se está al borde de una solución y a último momento se vuelven a replantear las condiciones por parte del sector sindical. A mí como Industria, aunque es un problema del Ministerio de Trabajo, es un tema que me preocupa muchísimo”.

Luego de remarcar el “crecimiento” y la “reconversión” de la cadena automotriz en los últimos años, el funcionario lamentó que en la actualidad haya tres empresas de neumáticos paradas. “Tenemos un sector terriblemente eficiente. En Toyota, muchos de sus proveedores hasta están sobre la Ruta 9 porque trabajaban just in time. Esto quiere decir que la fábrica no tiene stock y cuando se para la línea automáticamente se para la producción a toda la cadena de valor. Además, este sector comprende 125.000 trabajadores entre directos e indirectos”, graficó, aunque advirtió: ¿Qué pasaría de prolongarse este convenio? Podemos caer entre un 10% y un 15% la producción, lo que serían entre 250 y 300 millones de dólares menos de exportaciones”.

Consultado acerca de si el accionar de los gremios podría responder a una medida política para perjudicar al Gobierno y potenciar a la izquierda, dijo: “Yo no puedo determinar eso, pero sí hay algo muy extraño. No se permite siquiera sacar la producción terminada, hay bloqueos de plantas…. y bajo estas condiciones es muy difícil que una empresa quiera negociar. Creo que se ha agotado una instancia y que se cambian permanentemente las condiciones, y lo que a mí me corresponde es ver el daño que le estamos provocando a toda la cadena”.

Y ante la pregunta de por cuánto tiempo puede continuar el sector en esta situación, reveló: “El stock en el mejor caso es para una semana. Ahora, cuando uno tiene una cadena de producción muy productiva, cuando uno termina el auto no puede dejarlo arriba de las llantas en una playa. Pero además la producción que uno no saca un día no puede repetirla al otro. Entonces, el perjuicio ya proyectándolo nos está llevando a 250 o 300 millones de dólares de caída de exportaciones”.

La irrupción de Camioneros en la empresa Milo

En otro tramo de la entrevista, De Mendiguren habló sobre la irrupción de un grupo de personas identificadas con camperas del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, en la empresa de logística Milo de Avellaneda, donde golpearon a empleados y al dueño de la compañía y vandalizaron la zona.

Con relación a lo ocurrido, el funcionario afirmó: “No puedo aceptar ninguna acción de violencia de esta naturaleza. Existen los instrumentos que son los que estamos tratando de implementar, como la conciliación obligatoria y el diálogo, y de ninguna manera podemos compartir actos de esta naturaleza”.

Más tarde, completó: “Uno no puede responder por los actos de gente que está cerca [del Gobierno] y que no corresponden a lo que es la legislación laboral. Repudio a todo tipo de patota que no trabaje con los instrumentos que existen para los reclamos sindicales”.

La irrupción aludida se produjo el 21 de septiembre pasado en la sede de la firma en Campichuelo 2709, de Sarandí, y es investigada por la fiscal Solange Cáceres. Según un ejecutivo de la firma que fue víctima del ataque, lo que ocurrió se debió a un conflicto con un delegado gremial que “no iba a trabajar”.