Mitsotakis defiende en el Parlamento griego una ley que regula el uso de programas espías

Atenas, 8 dic (EFE). - El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, defendió este jueves el proyecto de ley para regular el uso de programas espías privados y la vigilancia de los servicios secretos helenos (EYP), reforma que calificó de "valiente respuesta institucional" a un desafío -el de los programas espías ilegales- que no afronta solo Grecia, sino todo el mundo.

Mitsotakis pretende atajar con esta ley el escándalo de observaciones a políticos, periodistas y empresarios en el que está inmerso su Gobierno desde agosto y que ha unido a los partidos de la oposición en su contra al considerarlo el "cerebro" de una "red paraestatal" para observar a adversarios políticos.

El líder conservador aseguró durante el debate en el pleno que la reforma legal garantizará un equilibrio entre la protección de la privacidad y la seguridad nacional para evitar errores del pasado, aunque al mismo tiempo negó una vez más que su Ejecutivo o él personalmente estén involucrados en observaciones.

La ley perfila algo más –aunque no lo suficiente, según los críticos- el significado de lo que constituye la "defensa de la seguridad nacional", el único supuesto en el que EYP puede observar a un ciudadano y que se define como todo lo relacionado “a la defensa nacional, la política exterior, la seguridad energética y la ciberseguridad” y a las funciones y los intereses fundamentales del Estado y los ciudadanos griegos.

Además, con la reforma, el uso de programas y dispositivos de seguimiento por parte de particulares pasa de ser un delito menor a convertirse en uno grave, castigado con hasta diez años de prisión, mientras el tráfico o la simple tenencia de estos, que hasta ahora no constituían un delito, se castigará con una pena de hasta 5 años de prisión.

Alexis Tsipras, el líder del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, apuntó que la reforma tiene más bien como objetivo "ocultar" el escándalo, ya que contempla que las personas que hayan sido objeto de observación seguirán sin ser notificados de ello hasta transcurridos tres años y únicamente si la desclasificación no pone en peligro el motivo que llevó a la vigilancia.

Mientras, los expedientes con los resultados de la intervención se destruirán después de seis meses.

La presión al primer ministro conservador ha ido aumentando durante los últimos meses con la publicación por parte de la revista "Documento de listas de personas que han sido supuestamente vigiladas", entre las cuales figuran el ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Dendias, el ex primer ministro Antonis Samaras, líder de la oposición interna a Mitsotakis, y los jefes de las tres fuerzas militares del país.

Durante el debate Tsipras emplazó repetidamente a Mitsotakis a decir si había dado o no la orden a los servicios secretos de observar a las personas en cuestión, cuestión que éste zanjó asegurando que la ley no permite que un primer ministro sepa a quien está siguiendo el espionaje y abandonando la sala, dando por terminada la discusión.

Aunque el líder conservador reconoció en agosto que EYP vigilaba -sin que él lo supiera, según argumentó- al líder socialdemócrata y eurodiputado, Nikos Andrulakis, ha negado hasta ahora rotundamente que él o su Ejecutivo estuvieran involucrados en observaciones mediante el programa espía Predator, introducido en dispositivos de periodistas y políticos.

Pero hasta ahora Mitsotakis no ha sido claro respecto a la vigilancia por parte de los servicios secretos que, nada más asumir el Gobierno en 2019, puso bajo su mando.

La reforma, cuya aprobación está garantizada gracias a la mayoría absoluta que tiene el partido gubernamental Nueva Democracia, contempla que EYP puede observar incluso a diputados por “razones de seguridad nacional”, aunque en este caso se requiere la aprobación previa del presidente del Parlamento.

Asimismo, prevé que el Estado puede adquirir programas espías privados previo decreto presidencial y tras superar una serie de salvaguardas.

Por el escándalo se vieron obligados a dimitir en agosto el entonces jefe de EYP, Panayotis Kontoleón, y el jefe de gabinete y sobrino de Mitsotakis, Grigoris Dimitriadis, quien “asumió la responsabilidad política”, según apuntó entonces el primer ministro.

(c) Agencia EFE