Falsa dentista en Nueva York dejó a pacientes con parálisis parcial, su historia es aterradora

Una mujer fue arrestada en Nueva York por hacerse pasar por dentista y realizar procedimientos sin licencia. Pacientes sufrieron daños severos, incluyendo parálisis facial parcial. Descubre los detalles del caso.

Nohelia Castro
·2  min de lectura
Suffolk County Police Department

Suffolk County Police Department

Durante años, Yolany Y. Mejia Carranza, de 55 años, operó lo que parecía ser un consultorio dental dentro de su hogar en Long Island. Sin embargo, según las autoridades del condado de Suffolk, no tenía licencia para ejercer y sus procedimientos dejaron secuelas devastadoras en algunos de sus pacientes.

La investigación comenzó cuando la policía recibió varias denuncias sobre pacientes que sufrieron daños severos tras ser atendidos por Carranza.

Según el comisionado de policía Kevin Catalina, una de las víctimas experimentó "parálisis facial parcial" debido a "lesiones en los nervios". Los oficiales ejecutaron una orden de registro el pasado 13 de marzo, descubriendo un consultorio completamente equipado pero operado de manera ilegal.

Según las autoridades, Carranza dirigía su práctica principalmente a la comunidad hispana, incluyendo personas sin seguro médico y en situación migratoria irregular.

Suffolk County Police Department La oficina dental de Yolany Mejia Carranza

Suffolk County Police Department

La oficina dental de Yolany Mejia Carranza

Ante esto, Catalina instó a más víctimas a denunciar, asegurando que "el Departamento de Policía del Condado de Suffolk nunca preguntará sobre el estado migratorio de nadie".

Las investigaciones sugieren que Carranza ejerció ilegalmente la odontología por al menos ocho años, habiendo operado en otra ubicación antes de establecerse en su último domicilio.

Entre sus prácticas, utilizaba anestesia local en cantidades inadecuadas para procedimientos complejos, lo que agravaba los riesgos para sus pacientes.

Suffolk County Police Department La oficina dental de Yolany Mejia Carranza

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La oficina dental de Yolany Mejia Carranza

Carranza enfrenta tres cargos por el ejercicio no autorizado de una profesión, un delito grave de clase E en Nueva York. Según CBS News, se declaró no culpable y deberá comparecer ante el tribunal el próximo 1 de abril.

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Las autoridades siguen buscando más posibles víctimas y piden a quienes hayan sido afectados que presenten su denuncia sin temor a represalias migratorias.

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    El gobierno del presidente Donald Trump desmintió este lunes ante un juez haber desafiado una orden que prohibía expulsar a supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua bajo una ley de guerra de 1798.Un juez federal celebró una audiencia para aclarar si la administración estadounidense ignoró deliberadamente sus órdenes al trasladar a más de 200 migrantes a El Salvador, país al que ha pagado para encarcelar a los deportados. Los abogados del Departamento de Justicia dijeron al juez James Boasberg que los expulsados ya habían salido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía, según los medios de comunicación estadounidenses. También argumentan que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Justicia intentó cancelar la audiencia, esgrimiendo que el caso interfiere con "la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores".Cuando Boasberg dijo que seguiría adelante, los abogados del gobierno presentaron una moción ante un tribunal de apelaciones para intentar que el juez sea apartado del caso. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a periodistas que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, se justifica porque Trump ha declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista global. De los más de 200 migrantes expulsados en la operación, 137 "fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M-13, detalló Leavitt.El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió "ups ... Demasiado tarde" en las redes sociales el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.Informó de la llegada al país centroamericano de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y su traslado al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).El lunes en la noche, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a la ONU mecanismos de protección para los venezolanos enviados a esa prisión de máxima seguridad, que Bukele abrió hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas."Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres), para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk" y "distintos organismos" para que "los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas", aseguró."Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (...), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa", sostuvo.- "Ilegales" -Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que se use como excusa para deportaciones masivas sin un debido proceso. En declaraciones a Fox News Radio, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó que todos los migrantes enviados a El Salvador son "criminales" de MS-13 buscados en su país de origen o venezolanos que forman parte del Tren de Aragua. "Yo diría que cada una de las personas que se encontraban en ese avión estaba en el país ilegalmente, de una forma u otra", añadió.La Ley de Enemigos Extranjeros solo se invocó durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.Trump reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.Su gobierno parece dispuesto a librar una batalla legal que posiblemente termine en la Corte Suprema, de mayoría conservadora.Los movimientos del republicano para acumular poder en el ejecutivo han suscitado cada vez más temores de que desafíe al poder judicial, alterando o al menos reinterpretando el equilibrio constitucional de poderes en Estados Unidos.- Indultos "nulos"-Por lo pronto afirmó haber anulado los indultos emitidos por su predecesor, Joe Biden. En su red Truth Social, el magnate republicano afirmó que los indultos preventivos otorgados por Biden a varios enemigos acérrimos de los republicanos eran "nulos y sin efecto" porque se firmaron con un "autopen" y no a mano.El autopen es una máquina que se usa para firmar documentos de forma automática a partir de una firma real. Existen distintos modelos, pero estas máquinas suelen incluir unos brazos mecánicos que sostienen un bolígrafo.No está claro qué autoridad tiene Trump para anular los indultos presidenciales.Horas antes de entregar el poder el 20 de enero, Biden otorgó una serie de indultos preventivos a funcionarios y ex altos cargos para protegerlos de "procesamientos injustificados y con motivaciones políticas". Entre ellos destacan el ex jefe de gabinete general Mark Milley, el exarquitecto de la estrategia de la Casa Blanca contra el covid-19, el doctor Anthony Fauci, y varios congresistas que participaron en la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.aue-erl/ev/nn/mar/mel/arm/val

  • Venezuela dice que envío de migrantes en EEUU a cárcel salvadoreña es "crimen de lesa humanidad"

    Venezuela tachó este lunes de "crimen de lesa humanidad" el envío de migrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador, deportados desde Estados Unidos, y adelantó que presionará por su repatriación.Estados Unidos envió el domingo a una prisión de máxima seguridad salvadoreña a 238 venezolanos acusados de pertenecer a la temida banda criminal Tren de Aragua, luego que el presidente Donald Trump invocara una ley de más de 200 años de antigüedad que permite expulsiones de "enemigos externos" sin juicio previo."Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad", dijo el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo en sus contactos con Washington, Jorge Rodríguez."No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña", expresó Rodríguez, quien calificó lo ocurrido de "vulgar secuestro".Trump incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua y el sábado invocó una ley de 1798 para acelerar la deportación de presuntos miembros de esta banda. Las expulsiones se llevaron a cabo pese a que el decreto fue bloqueado temporalmente por un juez, dictamen que la Casa Blanca apeló.Rodríguez participó en las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos tras el regreso de Trump al poder en enero, que llevaron a la reanudación de los vuelos de repatriación de deportados, incluido un grupo de migrantes que había sido llevado a la cárcel de Guantánamo.Los contactos se hicieron pese a que ambos países no tienen relaciones desde 2019 y que Washington no reconoce el cuestionado tercer mandato del presidente izquierdista Nicolás Maduro, cuyo gobierno, a su vez, es investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por acusaciones de delitos de lesa humanidad en el control de protestas opositoras.La líder opositora María Corina Machado, que denuncia como un fraude la reelección de Maduro, respaldó en un comunicado las medidas que Estados Unidos y otros países tomen para "identificar, detener y penalizar" a integrantes del Tren de Aragua.Machado, sin embargo, pidió "extremar las precauciones" para evitar "una injusta criminalización de los migrantes venezolanos", así como "medidas de protección" para que estos puedan permanecer en sus naciones de acogida.Ese texto fue igualmente firmado por el exiliado Edmundo González Urrutia, quien reclama un triunfo en las elecciones presidenciales del año pasado. El gobernante chavismo llamó a manifestaciones el martes y el miércoles contra el traslado de migrantes a El Salvador."No vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador", insistió Rodríguez, que propondrá desde el Parlamento a Maduro que "emita una solicitud para que ningún venezolano viaje a los Estados Unidos".jt-mbj/nn/erc/llu/

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    El sistema eléctrico fue restablecido pero, debido al déficit energético, continuaban los prolongados cortes de energía en toda la isla, tal y como viene ocurriendo desde hace varios meses.

  • Un agricultor peruano enfrenta por el deshielo a un gigante energético ante la justicia alemana

    Un agricultor peruano libra este lunes en un tribunal alemán una batalla contra un gigante de la energía, al que exige que pague por su responsabilidad en el cambio climático, que hoy provoca el deshielo de unos glaciares en los Andes.Saúl Luciano Lliuya, de 44 años, sostiene que la compañía eléctrica RWE, una de las mayores emisoras de dióxido de carbono del mundo, debe compartir el coste de proteger su ciudad natal, Huaraz, de una laguna glaciar que amenaza con desbordarse por el deshielo.Según la oenegé Germanwatch, que apoya al agricultor, su casa está amenazada por el deshielo de los glaciares de los Andes, que ya ha hecho subir "peligrosamente en varias ocasiones" el nivel del lago Palcacocha."Los glaciares están derritiéndose, están desapareciendo poco a poco", dijo Lliuya el lunes antes de la audiencia."Algunas lagunas, como Palcacocha, son un riesgo para mí, para más de 50.000 personas que vivimos en zona de riesgo", añadió.La demanda busca que RWE contribuya con un monto aproximado de 17.000 euros (18.400 dólares) a las medidas de protección en el lago glaciar peruano, ubicado a 4.500 metros de altitud.Su argumento es que los combustibles fósiles que la empresa utiliza para generar electricidad la hacen en parte responsable del riesgo de inundaciones por el derretimiento de los glaciares que rodean la laguna de Palcacocha, en la cordillera central.Lliuya basa su reclamo en un estudio de 2014 que concluyó que RWE era responsable del 0,47% de todas las emisiones mundiales de carbono desde el inicio de la era industrial. RWE, que nunca ha operado en Perú, debería pagar esa parte de los 3,5 millones de euros que costaría bajar las aguas del lago Palcacocha."Lo que pido yo es que la empresa se haga cargo de una parte de los costes de la construcción de un dique para que se reduzcan los riesgos" de desborde de la laguna, dijo Lliuya en una rueda de prensa a principios de mes, antes de viajar a Alemania. "Este caso es un caso único. Tengo plena confianza en estos procesos", afirmó el campesino, que vive en Huaraz, en el noroeste de Perú. Por mucha confianza que tenga Lliuya en los procedimientos, estos han avanzado a un ritmo lento.Primero presentó una demanda en 2015, pero un tribunal de la ciudad de Essen, en el oeste de Alemania, donde tiene su sede RWE, la desestimó al año siguiente.Sin embargo, en 2017 un tribunal superior de la ciudad de Hamm admitió un recurso de apelación y ordenó la práctica de pruebas.Tras un retraso por la pandemia de covid, peritos y jueces alemanes visitaron en 2022 la laguna Palcacocha y los glaciares que la rodean en Huaraz, para evaluar los efectos del cambio climático.Así programaron las audiencias de esta semana en un tribunal alemán. El primer día se dedicó al análisis de los riesgos climáticos en la región de Huaraz, y en particular al riesgo de desbordamiento del lago glaciar, explicó un abogado de los demandantes. Una segunda y última jornada de audiencia está prevista para el miércoles."Yo nunca habría pensado que todo esto llevaría tanto tiempo", dijo Lliuya a Germanwatch.- "Contribución justa" -El tribunal debe examinar qué tanto la propiedad de Lliuya corre un riesgo sustancial de inundación. Para eso analizará las pruebas recogidas por expertos designados por la corte que viajaron a la zona en 2022. Si se confirma, una audiencia posterior examinará la responsabilidad de RWE.Fundadas en 1898, las centrales eléctricas de RWE utilizan hoy diversas fuentes de energía, como la solar, la eólica, el gas y el carbón. "Ya es hora de que empresas como RWE contribuyan de forma justa a los costes de los daños que han contribuido a causar", dijo Francesca Mascha Klein, responsable jurídica de Germanwatch. RWE afirma que una sentencia judicial a favor de Lliuya sentaría el precedente de responsabilizar ante la ley alemana a personas por acciones que tienen consecuencias medioambientales lejos del país. "Creemos que es jurídicamente inadmisible y la forma equivocada de abordar esta cuestión social y políticamente", dijo un portavoz.Al desestimar el caso en 2015, el tribunal de Essen dijo que era imposible establecer un vínculo entre emisiones concretas y daños concretos.Según Zero Carbon Analytics, un grupo de investigación sin fines de lucro, la audiencia en Hamm podría ser la primera etapa hacia la anulación de la primera decisión que desestimó el caso.Freshfields Bruckhaus Deringer, el bufete de abogados que representa a RWE, afirma que podría haber implicaciones importantes: "La suma en litigio puede ser inferior a 20.000 euros. Pero el potencial de sentar precedente está claro".vbw-mb/sr/cw/pb/meb-sag/mb

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